17 de abril de 2018
17.04.2018

Díaz declara que actuó según el criterio de los técnicos del área de Seguridad

El alcalde afirma que "la prestación del servicio de grúas es una obligación" y "si se hubiera optado por una decisión distinta a la informada, obraría en contra de la ley"

17.04.2018 | 01:30
Díaz declara que actuó según el criterio de los técnicos del área de Seguridad

Cronología

  • Origen: Los hechos se remontan a octubre de 2003. El entonces edil de Seguridad Fernando Clavijo privatizó el servicio de grúas del municipio, con Ana Oramas como alcaldesa.
  • Visto bueno del pleno: El pleno aprobó la privatización el 12 de febrero de 2004 y, en junio de ese año, se adjudicó por cinco años el servicio de grúas al empresario José Padilla, quien, un año y dos meses después, derivó la adjudicación a su empresa Autogrúas Poli SL. Tras graves problemas económicos, la concesionaria vendió la compañía a un grupo de empleados en abril del 2011.
  • La denuncia: Unid@s Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias se querellaron el 26 de abril de 2017 contra el exalcalde Fernando Clavijo y el actual regidor, José Alberto Díaz, por presunta prevaricación administrativa en la gestión del servicio de grúas municipales.
  • Archivo inicial: En junio del 2017, la magistrada Celia Blanco anuncia el archivo de la causa.
  • Reapertura: La Audiencia Provincial reabrió el proceso a mediados de octubre del pasado año al entender que existen indicios de delito.

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz Domínguez, declaró ayer que actuó "según el criterio de los técnicos del área de Seguridad" de la Corporación local respecto al expediente para la continuidad de la empresa que tenía encomendado el servicio municipal de grúas y añadió que "entendía que de haber actuado en sentido distinto a la propuesta informada por los técnicos, habría sido contrario a la ley". Díaz Domínguez compareció ayer en calidad de investigado en el caso grúas donde las acusaciones populares personadas en el procedimiento en nombre de Unid@s se puede y XTF-NC, le acusan de la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El político nacionalista llegó quince minutos antes de las diez de la mañana, hora a la que estaba citado por la juez María Celia Blanco, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna. Durante una hora y media, Díaz Domínguez respondió a las preguntas que le formuló la Fiscalía, la magistrada, el abogado del edil y también investigado Antonio Pérez Godiño, así como las cuestiones que planteó su letrado, Víctor Díaz. El alcalde se acogió a su derecho de no contestar a los dos letrados que ejercen la acusación popular, una decisión que justificó a su salida del edificio judicial al ser preguntado por los medios de comunicación: "A las acusaciones políticas, respondo en el pleno del Ayuntamiento como ya he hecho", recordó el alcalde lagunero quien se mostró "satisfecho" de haber aclarado cual fue su papel sobre este asunto en 2012, cuando era concejal de Seguridad.

En su declaración, Díaz Domínguez señaló que en 2012 "se acordó de forma urgente la intervención" de la empresa que gestionaba el servicio de grúas por la delicada situación económica que atravesaba y añadió que "fueron los funcionarios interventores quienes solicitaron una aportación financiera para continuar con el servicio de grúas; hacer frente a los pagos comunes como gasoil o nóminas".

Sobre este primer informe elaborado por los funcionarios, el alcalde respondió que "la postura del interventor general del Ayuntamiento a este respecto fue de no oposición" y señaló que "solo la dirección del área de Seguridad hace una propuesta en la que, iniciándose los trámites para la financiación plantea ideas sobre la forma jurídica a adoptar en la solicitud de ayuda financiera como pedían los interventores municipales".

El alcalde manifestó que "los primeros reparos del interventor general constan en el expediente" y que en base a un informe de éste, "el director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento plantea la conveniencia de pedir un dictamen jurídico sobre dicha la intervención" y es quien además plantea que "se haga con la ULL, con la que el Ayuntamiento tiene un convenio".

La fiscal preguntó sobre el segundo informe del interventor que consta en el expediente y que observa diversos reparos, también respecto al documento externo elaborado por catedráticos de la ULL. El alcalde manifestó que "resolver la discrepancia que existía era conforme a una propuesta de la dirección del área de Seguridad y no a un dictamen jurídico externo" para añadir luego que "quien decidió los extremos del informe fue la directora de Seguridad, Rosario Hernández".

Díaz Domínguez aseveró que también tuvo una conversación con el interventor general cuando para él "se había generado una contradicción evidente", ya que éste, frente a su primera posición sobre cuál era la figura jurídica a utilizar para financiar el servicio "no veía el anticipo y sugirió el préstamo y, con posterioridad, no lo veía tampoco". Así que se produjo una reunión del interventor y los catedráticos de la ULL para aclarar las posturas.

Díaz Domínguez señaló que "era la primera vez en la historia del Ayuntamiento que se intervenía un servicio y necesitaba constatar cuáles eran las razones del cambio de criterio del intervento y los argumentos que justificaban tanto la oposición a la intervención como la propuesta de Hernández Eugenio".

El alcalde manifestó que "la prestación del servicio de grúas es una obligación que está gestionada por el área de Seguridad; es un servicio esencial y se barajaron muchas opciones, también en el debate político, y todas hubieran supuesto salvo la que finalmente se adoptó por la intervención, la paralización del servicio". Y es más, dijo, "si se hubiese optado por otra opción, los daños hubiesen sido de mayor coste para la administración", explicó y detalló que "el préstamo de 120.000 euros depositado en una cuenta mancomunada para sacar adelante el servicio fue devuelto en tres meses, más los intereses devengados, por lo que al Ayuntamiento no le costó nada la operación y no se interrumpió el servicio".

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