17 de noviembre de 2016

Una juez aplica la retroactividad completa en una hipoteca abusiva

La magistrada sostiene que, pese a la sentencia del Supremo de 2013, la "nulidad" de una obligación debe restituir el contrato al origen

27.01.2017 | 16:02
Una juez aplica la retroactividad completa en una hipoteca abusiva

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 6 de La Laguna, Raquel Díaz Díaz, ha dictado una sentencia en la que aplica la "retroactividad completa" a la firma de un contrato de hipoteca con cláusula suelo declarada como abusiva y que se formalizó en 2005, tal y como parece que terminará por definirse el Tribunal de Justicia Europeo. La juez señala, en la sentencia dictada el pasado día 11 y en el cuarto punto de los fundamentos de derecho de la sentencia, que aunque se tiene en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 que establecía que, "eliminada del contrato de préstamo la cláusula examinada, dicho contrato seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos sin la cláusula abusiva. Y como regla general, nuestro sistema parte de que la ineficacia de los contratos -o de algunas de sus cláusulas, si el contrato subsiste- exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido y evitar así que de los mismo se deriven efectos, de acuerdo con la regla de que lo que es nulo no produce ningún efecto". Así, y citando también el artículo 1.303 del Código Civil señala que "declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses".

El Tribunal Supremo, no obstante, aplica en el punto décimo de dicho fallo la "irretroactividad" de su sentencia para aquellos casos en los que se pueda generar algún "riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico". En este caso "no se puede decir que devolver al demandante el importe reclamado pueda generar dichos riesgos cuando, además, se ejercita una acción individual, no colectiva, en la demanda. Así, la concreción de la suma a devolver deberá concretarla la propia entidad bancaria.

El caso de esta afectada por una hipoteca con una cláusula suelo, que fue firmada en 2005, ha sido defendida por los letrados Mario González Rodríguez y Tomás José Martín Luis, quienes han logrado que la magistrada estime en su fallo la "nulidad" de la misma por tener el carácter de cláusula abusiva, de la cláusula de limitación a la variación del tipo de interés aplicada en el préstamo hipotecario celebrado entre los demandantes y la demandada en la que se establece un límite a las revisiones del tipo de interés nominal anual a un mínimo aplicable del 3% y un 5,95% de máximo, y que se recoge literalmente en la escritura acompañada con la demanda.

En este sentido, la magistrada condena a la entidad financiera demandada a eliminar la cláusula suelo y condición general de la contratación del contrato suscrito con los demandantes.

Asimismo, condena a la entidad demandada a restituir a los clientes demandantes las cantidades a determinar en ejecución de la sentencia con arreglo a unas bases determinadas, que en concepto de intereses se han abonado indebidamente y cobrado en exceso, en virtud de la cláusula impugnada, desde la fecha de constitución del préstamo hipotecario (13 de octubre de 2005) hasta el 10 de agosto de 2015, fecha a partir de la cual aplicó unilateralmente y de facto al préstamo la supresión de la cláusula suelo, junto con los intereses legales que procedan correspondientes al exceso en cada cobro.

Por ello, la juez señala que, de acuerdo al artículo 219.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que las bases para liquidar las cantidades pagadas en exceso serán las siguientes: Se tomará cada una de las cuotas mensuales del préstamo hipotecario liquidadas aplicando el tipo de interés del 3%; se aplicará al capital principal adeudado en cada periodo liquidado el tipo de interés variable que habría correspondido al préstamo hipotecario de no haberse aplicado la cláusula anulada, operación de la que resultará la cuota mensual que se debió pagar; se restará a las cuotas pagadas aplicando el tipo del 3% y se sumarán todas las cantidades resultantes de las operaciones. El resultado será la cantidad que la entidad financiera deberá pagar a la demandante.

Además, la entidad financiera ha resultado condenada también al pago de las costas causadas en este procedimiento.

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