El Consistorio afronta un posible embargo de 5 millones por una sentencia de 2012

El Ayuntamiento descarta cualquier irregularidad y anuncia que ha recurrido esta decisión - La ocupación de un terreno privado en La Cuesta, origen de la demanda

07.07.2016 | 05:22
El Consistorio afronta un posible embargo de 5 millones por una sentencia de 2012
El Consistorio afronta un posible embargo de 5 millones por una sentencia de 2012

El Ayuntamiento de La Laguna afronta un posible embargo por el impago de una indemnización impuesta por los tribunales en 2012. La cantidad adeudada a un promotor tinerfeño por la ocupación irregular de su terreno asciende ya a unos cinco millones de euros debido a los intereses legales generados durante todos estos años.

El abogado del caso, Carlos Álvarez, explicó esta semana que está dispuesto a ejecutar ese embargo y que no descarta emprender otro tipo de acciones penales contra el Consistorio y sus representantes. El letrado considera que "el Ayuntamiento ha incumplido los plazos del pago fijados por la sala". Por este motivo, apunta la posibilidad de que exista "desobediencia a la autoridad judicial". Además, aseguró que su cliente "está dispuesto a emprender las acciones necesarias si no se le abona la deuda de una sola vez". El afectado entiende que "al haberse incumplido un auto judicial que fijaba ya los plazos de pago en un auto de 2013, le corresponde ya el abono íntegro de la indemnización".

Por su parte, fuentes municipales aclararon ayer que el Ayuntamiento "considera que no ha cometido ninguna irregularidad" en este caso y confirmaron que los servicios jurídicos del Consistorio han "recurrido la resolución judicial".

La historia de esta sentencia es larga. Los problemas entre este promotor y el Ayuntamiento arrancaron hace ya tres décadas, cuando intentó llevar a cabo una edificación de viviendas en unos terrenos de su propiedad. Se trata de una parcela de unos 4.000 metros cuadrados situada en La Cuesta, justo entre los cuarteles de Ingenieros y la urbanización Princesa Yballa. Nunca le concedieron esa licencia y, con los años, el Ayuntamiento ocupó parte de esos terrenos con distintas obras de urbanización. Por este motivo, y pese a que en un primer momento la sala número dos del Juzgado Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife falló a favor del Ayuntamiento, una apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dio la razón al propietario.

Fue el 20 de junio de 2012 y el fallo fue el siguiente: "Estimar el recurso de apelación revocando la sentencia dictada en la primera instancia, disponiendo en su lugar la estimación de la demanda, declarando no conforme a derecho la actuación de la Administración en la ocupación de la finca a que se refieren las presentes actuaciones, actuación material constitutiva de vía de hecho, habiendo lugar, al no resultar procedente su restitución, la indemnización de los daños y perjuicios".

En ese momento el justiprecio de los solares ocupados fue fijado en unos 2.344.000 euros "más un incremento de un 25% de la cantidad determinada como justo precio, incluido el 5% de premio de afección en concepto de indemnización por la ocupación ilegal, cantidades ambas que devengarán el interés legal que proceda".

Ese premio de afección supone, por tanto, unos 117.000 euros a los que hay que sumar además la indemnización por "daños y ocupación ilegal" que los tribunales califican como "el principal de la deuda", el 25% del justiprecio: unos 615.000 euros. Asimismo, un auto de la sala del 30 de enero de 2014 fijó que los intereses legales para este caso debían ser calculados desde el 9 de diciembre de 2004 -momento en el que se produjo la ocupación del terreno- hasta el 20 de junio de 2012. Esta decisión añade, según el letrado, otros 203.000 euros a la indemnización.

Pero la calculadora legal siguió sumando dígitos a esta indemnización cuando, el 11 de septiembre de 2015 y después de una alegación presentada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, se fijó un abono de 818.342 euros "por el interés legal del dinero".

A todas estas cifras hay que añadir, finalmente, los intereses devengados desde entonces ya que no se ha pagado "ni un euro" al promotor. El juzgado llegó a fijar unos plazos de abono para esta deuda el 26 de diciembre de 2013 que, según Álvarez, tampoco han sido satisfechos. Así, entre 2013 y el 31 de diciembre de 2014, se tenía que hacer efectivo el pago de 1.629.294,20 euros. En diciembre de 2015, el pago de 1.000.000 de euros y la misma cantidad cuando llegue diciembre de 2016. Finalmente, en diciembre de 2017, se fija un abono de 1.017.052,01 euros "más los intereses que se hayan devengado".

El letrado aseguró que ha mantenido contacto telefónico con el actual alcalde, José Alberto Díaz, y explicó que éste "ha mostrado interés en solucionar este asunto, que corresponde a mandatos anteriores y que han incumplido evidentemente según se puede apreciar".

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