El TSJC anula parte del reglamento de uso de los centros ciudadanos laguneros

La Justicia apoya a las casi 40 asociaciones que denunciaron el texto para mantener la independencia en la gestión de estos espacios

01.07.2016 | 10:12
Una de las actividades realizadas en el teatro del Espacio Multifuncional El Tranvía.
Una de las actividades realizadas en el teatro del Espacio Multifuncional El Tranvía.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado parte del Reglamento de Uso y Gestión de los Centros Ciudadanos del municipio. Con esta decisión, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo da la razón a las casi cuarenta asociaciones de vecinos que en su día se rebelaron contra esta norma. La Justicia ha declarado nulo su apartado número 9.1 que recoge la forma en la que se determina "la composición del Consejo del Centro". Esto es, en definitiva, "el órgano representativo y tutelar de los centros de participación ciudadana de titularidad municipal".

Es necesario recordar que los centros ciudadanos se han convertido en los últimos años en el foco de la vida vecinal de los barrios. La mayoría de los colectivos, también los culturales, se reparten el uso de sus salas, que además sirven de auditorio para el barrio, de sede festiva y espacio formativo. En total, el municipio cuenta con una red de 45 de estos centros repartidos por toda su geografía. Algunos de ellos, como el de Las Madres o el Espacio Multifuncional el Tranvía, han logrado hacerse un hueco en la agenda municipal.

Estos 40 colectivos consideraron que permitir que grupos sin entidad legal pudieran acceder al Consejo del Centro, la entidad que organiza y distribuye su funcionamiento, era un intento de control de los mismos por parte del Ayuntamiento. Es una opinión que comparte ahora el TSJC en su sentencia. "El Ayuntamiento de La Laguna le otorga el mismo poder de representación y, por tanto, de dirección de los centros municipales a grupos inciertos e inobjetivados (de 3 personas) por el hecho de que utilicen el centro que a las entidades constituidas reglamentariamente con representación y finalidad cierta", recoge la sentencia en su fundamento de derecho cuarto. Por este motivo, el TSJC dictamina que el artículo 9.1 de la citada ordenanza "debe ser anulado".

Ayer, los representantes de las seis asociaciones que firmaron la denuncia en nombre del resto de entidades discrepantes con el texto ofrecieron una rueda de prensa sobre la decisión judicial. Consideran que la anulación de este artículo afecta a otros puntos con los que "tampoco estábamos de acuerdo pero por limitaciones de tiempo decidimos denunciar este", indicaron durante el encuentro con la prensa, que tuvo lugar en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Laguna (FAV Aguere). Después de presentar la sentencia ante el alcalde José Alberto Díaz y a la nueva concejal de Participación Ciudadana, Mónica Martín, confían en que no se produzca un recurso y "nos sentemos a negociar esto". Los dos dirigentes locales se limitaron a explicarles que los servicios jurídicos municipales deberán analizar la sentencia y determinar qué decisión se va a tomar.

El listado de demandantes incluye a las siguientes asociaciones: Los Verdeños, La Atalaya, Benchomo, La Unificación Finca España, Unión Verdeña, Ajuve y La Cruz de Marca. Como portavoces actuaron ayer Justo Reyes, de La Atalaya, Moisés Afonso, líder de Los Verdeños, y Francisco Barreto por la FAV Aguere. "Siempre hemos defendido que los centros ciudadanos son la casa de todos pero no se puede equiparar a los colectivos legalmente constituidos con los que no", detalló Reyes.

El TSJC apoya, de hecho, la tesis de estas asociaciones de vecinos. "Constituye un claro fraude al principio de participación asociativa", indica el fallo. "Deja entrever un claro intento del Ayuntamiento de sustraer el control de los centros municipales a las asociaciones. Basta con que el representante municipal se ponga de acuerdo con grupitos de tres personas sin finalidad alguna, previamente concertadas, para tomar el control de cualquier centro en detrimento de las asociaciones y si no es esa la intención del reglamento se asemeja tanto que raya el principio de seguridad jurídica", añade.

Quince largos años

La redacción de una norma local para organizar el funcionamiento de los centros ciudadanos es una antigua aspiración lagunera. Su preparación se inició en 2000, hace 15 años, aunque se retomó de forma definitiva en 2014. Durante ese período, tres concejales se fueron turnando en las negociaciones hasta que el ex primer teniente de alcalde, Javier Abreu, asumió su aprobación definitiva. Las negociaciones fueron intensas y finalmente se modificaron tres de los aspectos más controvertidos: se permitió comer y beber en estos espacios, se amplió la responsabilidad de los mismos también a las tenencias de Alcaldía y no solo a la Concejalía de Participación y se autorizó a las asociaciones mantener su sede jurídica en esos espacios. Pese a que se aprobó en pleno con el apoyo de todas las fuerzas políticas, hubo entonces un compromiso por parte de Abreu y su equipo de negociar algunos de los aspectos que, como el artículo 9.1, aún no eran aceptadas por estas asociaciones. Finalmente, esa negociación no se produjo lo que llevó a estas asociaciones a denunciar.

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