El TSJC anula la licencia del apartahotel Playa Calera

NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justica de Canaria (TSJC) ha emitido una sentencia a través de la cual anula la concesión de una licencia a la entidad Gomera-Verde Sociedad Limitada que construyó y explota el Apartahotel Playa Calera en Valle Gran Rey, de cuatro estrellas.

La sentencia es ya firme y estima el recurso presentado en su día por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias contra la concesión de esta licencia. En su momento, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Santa Cruz de Tenerife declaró nula la licencia del Ayuntamiento y el decreto del Cabildo por el que concedía la autorización previa para la ejecución del proyecto de actividad turística.

Densidad. Entonces, la sala falló en primera instancia que el establecimiento superaba el estándar mínimo de densidad del suelo turístico, ya que la parcela neta de 8.020 metros cuadrados implicaba un estándar de densidad de 61,69 metros cuadrados por plaza alojativa. Esta cifra se supone casi en el límite posible de los 60 metros cuadrados de superficie mínima la cual quedaba, según la sentencia, "rebasada con creces si tenemos en cuenta que a esta superficie bruta de la unidad de actuación habría que eliminarle la parte del suelo objeto de la cesión". La entidad basó su argumento en que la concesión de la licencia es un acto reglado, por el que la intervención municipal se limita a la vigilancia de los parámetros urbanísticos y de la adecuación al Plan General de Ordenación (PGO). Entendía así esta empresa que la competencia para velar por el cumplimiento de los estandares turísticos corresponde al Cabildo r que en este caso había dado autorización a la entidad. Por lo tanto, estos empresarios consideraban que el Ayuntamiento no podría negarse a dar la licencia. Sin embargo lo cierto es que el permiso sectorial resultó ser nulo lo que conllevó la nulidad de la licencia urbanística.

En el vértice de estas irregularidades se situaría el alcalde, Esteban Bethencourt, que fue quien concedió la licencia. Ahora se deberá demoler este edificio o dedicarlo a otros usos como residencial. Para evitar que se pidan responsabilidades el actual grupo de gobierno piensa llevar el expediente a la Fiscalía Anticorrupción.