O.G.G. (IDEAPRESS) | SANTA CRUZ DE LA PALMA
La Audiencia de Cuentas de Canarias, tras fiscalizar la contratación administrativa llevada a cabo por el grupo de gobierno de Unión Bagañeta (UB) en el Ayuntamiento de Tazacorte, ha detectado numerosas irregularidades en la misma . El informe elaborado tras la denuncia presentada por el grupo municipal socialista ante este organismo por la falta de transparencia y supuestas irregularidades cometidas en su gestión por parte de la corporación, concluye que la actividad económica y financiera del consistorio "no se ha ajustado a la normativa de aplicación", tal y como había anunciado el grupo socialista en 2006.
En las conclusiones de la auditoría de la Audiencia se señala que "existen gastos para los que no se tramitaron expedientes de contratación y que pudieron ser objeto de fraccionamiento y, como consecuencia, se eludieron los requisitos de publicidad y la forma de adjudicación que correspondía".
"El resultado de esta práctica", continúa el informe, "es que la corporación tramitó sucesivos contratos menores, con infracción de la normativa contractual, ya que el contrato debía abarcar la totalidad del objeto determinado según las necesidades de la Administración local, sin embargo fue dividido contraviniendo lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas". El informe de la Audiencia recoge asimismo que el Ayuntamiento de Tazacorte "no tiene constituido el registro público de contratos" que establece la Ley, y señala que los expedientes de contratación fiscalizados "carecen de documentos y trámites esenciales para todo contrato público", como la certificación de la existencia de crédito presupuestario y la fiscalización previa y material por parte de la Intervención.
El PSC ha calificar el informe de la Audiencia de Cuentas de "demoledor". La concejal socialista Carmen Acosta aseveró que el informe demuestra que "UB-CC maneja los recursos públicos como si Tazacorte fuera una finca de su propiedad" y anunció que su grupo solicitará un pleno extraordinario en el que exigirá explicaciones y responsabilidades políticas