EFE
Los abogados de Guzmán e Iparraguirre, condenados a cadena perpetua en distintos penales del país, demandaron hoy al INPE para exigir el derecho a un "encuentro familiar".
Ante esto, el Instituto Penitenciario emitió un comunicado en el que negó haber vulnerado los derechos de Iparraguirre "a su integridad e igualdad" ante la ley.
El INPE señaló que su reglamento establece que "cuando los internos se encuentran recluidos en establecimientos penitenciarios de una misma localidad o provincia cercana, la visita será autorizada por el director del penal del interno visitado".
Explicó que esa situación no ha ocurrido en este caso, por que la solicitud presentada para visitar a Guzmán no acompañaba la autorización de la cárcel donde cumple su condena a cadena perpetua, en este caso la Base Naval del puerto limeño del Callao.
El organismo estatal admitió, sin embargo, que aún existe un proceso de hábeas corpus pendiente de pronunciamiento por parte del Poder Judicial peruano.
El abogado de ambos reos, Alfredo Crespo, explicó hoy que el "hábeas corpus correctivo" fue presentado por Iparraguirre y suscrito por Abimael Guzmán ante el Quinto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Según Crespo, los demandantes, que no se ven desde 2006, presentaron una petición para poderse reunir en noviembre de ese año, y la respuesta negativa, en la que el director del INPE argumentaba razones de "seguridad penitenciaria", no fue recibida hasta julio de 2009.
El abogado denunció que desde hace dos años son denegadas a su cliente las visitas de familiares, periodistas e "intelectuales" que piden entrevistarse con él, por lo que "no se le permite difundir sus ideas".
Crespo aseguró que su defendido dio por terminada la "guerra popular" en 1992, con su detención, y considera que el grupo que ahora combate en la zona conocida como VRAE y que todavía usa el nombre de Sendero Luminoso (según el Estado dedicado al narcotráfico) "se mueve por intereses personales y ya no es marxistas-leninistas-maoístas".
Sendero Luminoso es considerado el grupo más violento de Suramérica, y se le ha atribuido más de la mitad de las 70.000 muertes con las que se saldaron los años del terrorismo, entre 1980 y 2000.
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