17 de mayo de 2018
17.05.2018
Extra Infraestructuras
Infraestructuras

La inversión en carreteras toma impulso

Seopan calcula una inversión mínima de 1.500 millones al año solo para conservar su estado

17.05.2018 | 16:26


La crisis ha dejado una enorme grieta sobre el asfalto. España ha pasado de invertir en infraestructuras el 5% de su PIB en 2008 al 1,9% en 2016, por detrás de países como Alemania, Francia, Reino Unido o Austria. Pese a que en datos de Eurostat, España, con una superficie de 505.370 kilómetros, es uno de los países europeos donde más carreteras se han construido situándose a la cabeza y por delante de Alemania con más de 15.000 kilómetros, este es un país de AVE. Solo la alta velocidad ha recibido ya más de 50.000 millones de euros en sus 26 años de historia. Mientras, la inversión en carreteras se ha ido plegando de tal manera a los altibajos de la economía que ha llegado a tocar mínimos en tres décadas, según el análisis de la Asociación Española de Carreteras (AEC).

La historia de las infraestructuras en España se ha escrito demasiadas veces sobre renglones torcidos. Pese a que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 contemplan una inversión de 2.437 millones de euros en carreteras, la segunda partida mejor dotada y un 12% mayor que la de un ejercicio anterior, 1,161 billones de euros se dirigirán a la construcción de 16 tramos de carreteras ya proyectados mientras que solo 917 millones irán a parar a mantenimiento y seguridad vial.

El Gobierno parece subestimar así el mantenimiento de la red, uno de los mejores antídotos contra los accidentes de tráfico, según denuncian la patronal constructora Seopan y la AEC. En datos del informe Seguridad en carreteras convencionales: un reto prioritario de cara al 2020 elaborado al alimón, ambas entidades proponen actuaciones en 73 tramos de vías convencionales con los índices de peligrosidad y tráfico más elevados para compensar los previsibles errores humanos. "Una inversión de 730 millones en 1.121 kilómetros en la red convencional evitaría 69 fallecidos y más de 200 heridos cada tres años", en sus cálculos. Los accidentes en la red convencional tienen un coste de 2.120 millones de euros anuales y "estas medidas", justifican, "ahorrarían 144 millones solo en gasto sanitario".

En cálculos de la Asociación Española de Carreteras, el déficit acumulado de mantenimiento de carreteras superaba los 6.600 millones de euros en 2016 y haría falta un mínimo de 1.500 millones de euros al año solo para conservar la red en el estado en el que se encuentra. El último informe EuroRAP, en el que se estudian los tramos de carretera más peligrosos, publicado el pasado mes de diciembre, asegura que el número de kilómetros que presentan un riesgo elevado de accidente aumentaron un 10% respecto al informe anterior. Sin embargo, este estudio se centra en la Red de Carreteras del Estado, mucha de la cual es que alta capacidad y, la falta de inversión en las carreteras secundarias, de titularidad regional es todavía mucho más acusada. De hecho el propio Ministerio de Fomento destina 210 millones de su presupuesto este año a actuaciones de emergencia en estos puntos. No en vano, el 85% de los viajeros y el 95% de las mercancías circulan por carretera.

El verdadero eje inversor emana del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), dirigido a construir vías nuevas y ampliar las antiguas bajo un modelo mixto público-privado y que el Gobierno presentó como su programa estrella a mediados de 2017. El gran apetito inversor y las buenas condiciones de financiación pueden ser un buen punto de partida para esta colaboración. La hoja de ruta, que ha arrancado un año después de lo previsto, ha parido hasta la fecha cinco contratos. El plan se basa en una fórmula muy cuestionada: el pago por disponibilidad: las empresas construyen las carreteras y el Estado las compensa abonando su mantenimiento durante las siguientes décadas.

Un agujero importante en este mapa pasa por la reversión de las nueve autopistas quebradas, entre ellas las radiales de Madrid, que el Consejo de Ministros decidió rescatar en febrero pasado. El coste que el Estado afrontará por su rescate aún no está cuantificado y, por ello, no se recoge en los PGE de 2018, si bien se sufragará a cargo del Fondo de Contingencia y tendrá impacto en el déficit público de 2018.En estimaciones preliminares enviadas a Bruselas, el Ejecutivo prevé un impacto en déficit de 2.000 millones por el pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración en las concesiones quebradas, suma que se mitigaría parcialmente este mismo año con la relicitación en dos paquetes por una cifra global que oscilará entre los 700 y los 1.000 millones de euros.

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