FRANCISCO POMARES
La Comisión de Fomento y Vivienda del Senado aprobó ayer una iniciativa pidiendo al Gobierno-ZP que extienda los descuentos en las tarifas de los servicios regulares del transporte aéreo y marítimo que se aplican en Canarias y Baleares -y en Ceuta y Melilla-, a los ciudadanos extracomunitarios regularizados. Hasta hace pocos años, ese descuento, que era inicialmente del 30 por ciento, se aplicaba únicamente a los ciudadanos españoles, pero fue necesario ampliarlo a los ciudadanos comunitarios. Luego el Gobierno-ZP cumplió su compromiso electoral de aumentar la reducción de tarifas a la mitad de su precio, y la rebaja se ha convertido en un diferencial importante. Así, la reivindicación de que los residentes extracomunitarios regularizados pudieran acogerse a tarifas reducidas comenzó a producirse, por pura lógica, casi al mismo tiempo que la aplicación de las mismas a los comunitarios residentes en Canarias. Y es que no responde a coherencia alguna que a un ciudadano que vive en Tunte o en Taco y que cotiza a la Seguridad Social y paga sus impuestos al Estado, a la Comunidad Autónoma y al ayuntamiento, se le prive de un derecho que se da a otro con iguales obligaciones.
Sin embargo, la reivindicación -a pesar de que aplicarla no costaría al Estado más de diez meuros anuales- siempre ha tenido mala suerte y peor prensa. En junio del año pasado, el Senado rechazó en pleno una propuesta muy similar a la aprobada ahora por la Comisión, a propuesta del PP y el grupo Mixto, y con los solitarios votos en contra del PSOE, el PNV y Coalición. Los motivos del PSOE para oponerse a la iniciativa aprobada -cuya eficacia real para obligar al Gobierno es por desgracia más bien nula- son presupuestarios. No es el caso de Coalición, que ha alegado una explicación realmente chiripitifláutica, de esas que a uno le hacen pensar hasta que punto el discurso contra lo de afuera está calando en las filas nacionalistas. La explicación consiste en asegurar que aplicar la rebaja a los extranjeros regularizados supone un nuevo efecto llamada que atraerá a las islas a muchos más extranjeros todavía. El senador Félix Ayala, ha explicado que el crecimiento de la población en las islas se produce básicamente por la llegada masiva de población inmigrante clandestina (eso es otra monumental falacia), para -a continuación- relacionar la llegada de nuevos inmigrantes irregulares con la aplicación del descuento a los trabajadores residentes legales.
Es decir, que si aplicamos el descuento a los médicos de origen cubano, a los pianistas taiwaneses, a los comerciantes indios, a los agricultores marroquíes, o a los restauradores libaneses y a todos los extranjeros que residen y trabajan legalmente en las islas, eso va a provocar que miles de colombianos, mozambiqueños y senegaleses ilegales vengan a las islas para que se les aplique también a ellos. De verdad que si Félix Ayala se cree eso, es que le falta un hervor. Y si no se lo cree y lo dice, es aún peor.
fpomares@epi.es
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