CHARO ZARZALEJOS
Nada menos que doce periódicos catalanes, en un aunar esfuerzos sin precedentes, han alertado de lo que supondría un eventual fallo del Tribunal Constitución que cercenara el vigente Estatuto de Autonomía. Se habla de la "dignidad" de Cataluña y se pone en cuestión el llamativo comportamiento del Alto Tribunal, que no ha tenido bastante con tres años para dictar fallo sobre los diferentes recursos planteados al citado Estatuto. La unanimidad de los periódicos es más que llamativa.
La clase política catalana, y más en concreto desde el tripartito, están lanzando advertencias desde hace tiempo. Es comprensible la impaciencia ante un fallo que de manera inexplicable no acaba de llegar y que aconsejaría una profunda reflexión sobre el funcionamiento del Tribunal que por mandato constitucional es el encargado de garantizar, precisamente, la constitucionalidad de las decisiones tomadas por la mayoría política representada en el Parlamento. Lo que ya resulta más peligroso es que desde instancias se cuestione y se presione al Tribunal Constitucional por muy merecidas, y lo son, las críticas que está recibiendo. Otra cosa bien distinta y desde luego inaceptable son las presiones a las que se está viendo sometido, movidas muchas de ellas por la lógica impaciencia.
Hasta el momento y a lo largo de estos tres años, el Gobierno y el Parlamento de Cataluña han ido haciendo todo aquello que el Estatuto les permitía y lo han hecho no sólo porque podían, sino porque además esta trayectoria ha estado carente de cualquier discurso de prudencia ante la ausencia de fallo final. Este discurso de prudencia corresponde tanto a Montilla como a Rodríguez Zapatero, en el fondo gran hacedor del texto ahora en cuestión y especial responsable de generar expectativas, sobre todo, entre los partidos nacionalistas, que a fin de cuentas son los más coherentes con sus pretensiones y sus temores.
El Estatuto recibió menos apoyo que la Constitución, lo cual no le resta un ápice de legitimidad, pero si es un dato que debería ayudar a poner las cosas un poco en su sitio. La clase política está realmente preocupada, pero ¿y los ciudadanos?, ¿verán los ciudadanos catalanes en su Estatuto o en cualquier otro texto legal la garantía de su dignidad?, ¿hay tensión social y pública en Cataluña ante el fallo del Constitucional? Si los políticos hacen la distinción entre la "opinión pública" y la "publicada", a otros, a nosotros los periodistas, nos corresponde también no equivocar los legítimos alegatos políticos con el auténtico sentir ciudadano.
Se pide autogobierno, respeto a la identidad, financiación suficiente, herramientas de gestión amplia y eficaz. Todo ello está amparado por la Constitución. Eso y no otra cosa es el Estado de las Autonomías. Ir más allá y dar a estas premisas un alcance que constitucionalmente es dudoso, es entrar en otra dinámica que no tiene por qué ser rechazada de antemano. Puede ocurrir, sin embargo, que ese alcance, ese recorrido que el Estatuto otorga a esas cuestiones básicas, pueden escapar a las previsiones constitucionales y según las reglas de juego existentes es al Constitucional al que le toca decidir y lo hará con notorio retraso y es obligación democrática, también de los catalanes, el acatar y respetar lo que se decida. Si no jugamos así, todo puede entrar en resonancia para bien de nadie.
