JOAQUÍN CATALÁN
Siempre he creído -y no se me enfaden, por favor, que tienen mi respeto y consideración- que los médicos de Atención Primaria han sido demasiado permisivos a la hora de firmar bajas por enfermedad de trabajadores. Hay casos y casos, lógicamente: los que de veras se encuentran malos y guardan reposo en casa hasta que el facultativo decida lo contrario; y los que fingen un mal para obtener su Incapacidad Laboral Temporal (ILT) y disfrutan unas magníficas bajaciones. También existe otro grupo: el de los que se niegan a incumplir sus responsabilidades tengan 42 de fiebre o la pierna fracturada, los cuales son peligrosos porque pueden contagiar a los compañeros si se trata de una gripe.
Me irrita quien obtiene su baja y después se jacta de haber engañado al médico, y me horroriza -y lo he vivido en mis propias carnes- el que un maestro de la enseñanza pública solicite su ILT el primer día del curso y reaparezca tres meses después. O que la Policía Local tenga a un cuarenta por ciento de su plantilla inactiva por enfermedad en fechas tan señaladas como el primer día del cole. Y son hechos reales que reposan en las hemerotecas. Pero lo peor de todo es que hoy, en estos tiempos de crisis y con las empresas en la cuerda floja, los trabajadores privados se vean obligados a rechazar las bajas laborales, mientras en la función pública prosigue el jolgorio, y que tampoco se molesten los funcionarios, pero las cifras cantan. Sí, el consejero de Empleo, Jorge Rodríguez, ha desvelado que 8.500 empleados públicos faltan cada día a su trabajo. De hecho, la Consejería de Sanidad ha expedido entre enero y octubre casi 2.000 ILT. Es un índice de absentismo desproporcionado e hiriente que es preciso combatir, como apunta el consejero, al igual que otros vicios como la economía sumergida o la corrupción. Así es.
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