SERGIO AFONSO DÍAZ
Los acuerdos previos a la constitución de la primera Junta de Canarias, embrión autonómico; establecieron unos topes electorales, ya eran vergonzantes y abusivos en ese momento, pero que "por si acaso", fueron modificados al alza, posteriormente, ya en pleno período democrático, para asegurarse el PP, CC y PSOE, la exclusividad de la representación legislativa en el Parlamento Autónomo Canario y por ende el Ejecutivo en momentos de alternancia, para así no tener que depender de minorías exigentes, a los que los privilegiados económicos y amigos del poder establecido, ven siempre como peligrosos enemigos.
Las oligarquías de cada ínsula, presionaron, para inventar lo de la triple paridad en nombre de la solidaridad de las islas más pobladas, perdiendo sus habitantes representación legítima, para cederla a las islas menos pobladas. Así, de forma apañada, las 5 islas no capitalinas con unos efectivos poblacionales de 240.000 habitantes, tendrían 30 diputados. Los mismos 30 diputados que tendrían entre G. Canaria y Tenerife, que sin embargo contaban con 1.600.000 habitantes en aquellos momentos. El argumento era y sigue siendo, que así las dos islas capitalinas al ser desposeídas de los diputados que les correspondería en función lógica de su número de habitantes y trasladárselos a las islas menos pobladas, siempre tendrían que contar con ellas, de forma desproporcionada, para tomar cualquier decisión, aunque en las dos islas capitalinas vivieran 6 veces más canarios que en las otras 5 islas juntas.
La trastienda de aquella supuesta solidaridad de las islas más habitadas a favor de las islas menos pobladas, era que en estas, conseguir un diputado autonómico era muchísimo más fácil y factible, por parte de estas tres fuerzas dominantes, por contar con todos los apoyos económicos, mediáticos y hasta religiosos. Es decir por el caciquismo casi decimonónico arraigado.
No fue por tanto un simplón reparto solidario y ocurrente de alguien bondadoso con las islas menos pobladas, sino que se pretendió que las cosas cambiaran poco y que si en cada isla mandaban 4, pues 4 x 7 = 28, pero no muchas más familias deberían tener acceso al poder autonómico que se veía como un peligro en aquel momento y que había que asegurar desde el orden previo.
Con estos antecedentes. Se discute ahora, 30 años después, sin ningunas ganas, a mala cara y cuanto menos mejor, si bajar aquellos topes electorales excluyentes, para que el voto de todos los canarios valga lo más parecido posible entre ellos y tenga el reflejo oportuno en la Cámara Legislativa y por tanto en el Ejecutivo, o como altenartiva bajarlos tan poco, que al final todo siga igual, sin permitir la entrada democrática en la Cámara Legislativa de partidos con votos suficientes. Pero quitar todo tipo de topes artificiales y antidemocráticos eso nunca, pues significaría por primera vez, tener un sistema realmente democrático, igualitario y justo, es decir parecido a una democracia y eso puede ser peligroso para los poderosos de siempre, porque el pueblo podría elegir otras opciones y dejar de tener ellos los beneficios que hasta ahora han escatimado al pueblo.
Es entendible, que a cada isla se le pudiera asignar una representación mínima de 2 diputados, para que puedan ser incluso de partidos distintos, pero que el resto de diputados fuera el que le correspondiera en función del número de habitantes, sin venir a estas alturas a ver si Tenerife tiene que tener los mismos que G. Canarias, o Lanzarote igual que la Palma aunque tenga el doble de habitantes.
En el estatuto actual, se puede aumentar el número de diputados, de 60 a 70, pero si se va a reformar no pasaría nada por subirlos a 80 (La Laguna, Santa Cruz y Arona juntas, tienen más de 80 concejales, y buena parte de ellos liberados y a sueldo) y estamos hablando de los representantes de toda Canarias, frente a solo 3 municipios de los 81 que conforman nuestra tierra).
Renunciar, como aparentemente parece que hizo el PSOE, de exigir a CC y al PP de pasar del 30% excluyente insular a solo un 3%, para estar ya hablándose de un 5%. Es aceptar de antemano, que G. Canaria y Tenerife, nunca tendrán más de 20 diputados o que el % de votos sea superior a ese 5%, para obtener un diputado, renunciando a la representación real que les corresponda en función del número efectivo de habitantes, con lo que la posible reforma, mejoraría algo la bochornosa situación caciquil antidemocrática actual, pero seguiría favoreciendo a estas minorías poderosas que influyen a veces por clientelismo político-laboral en sus pequeñas poblaciones y seguir obteniendo así una representación sobredimensionada.
Esto sería seguir excluyendo de antemano a los que no quieran votar a los tres partidos posicionados como dominantes desde el principio, por estructura e implantación y por apoyos económicos y mediáticos, fomentando el mal llamado "voto útil", o la abstención porque la trampa cansa y al exigir injustificadamente % arbitrarios y excluyentes.
No debería haber más topes electorales, que el normal de aplicar la actual Ley D´Hont o el reparto proporcional (que se aplica en las elecciones a la Unión Europea y en las elecciones sindicales). Es decir el resultado de dividir el número de votos válidos, entre los votos que obtiene cada partido. Eso sería lo único racional, lógico y democrático, el resto, el excluir de entrada a los que no pueden llegar nunca a topes arbitrarios puestos por los poderosos para que no accedan sino ellos, aunque las minorías tengan votos suficientes para que esos cocientes racionales, justos y lógicos en democracia, les permitiera conseguir escaños e influir de alguna manera en formas, en modos y hasta en el fondo de hacer política en nuestra queridas islas hasta ahora "desafortunadas y antidemocráticas".
Esta sería la única posibilidad de ilusionar al electorado (que seguro que es lo que no quieren), de hacer creíble a ese parlamento e identificarse y respetar al ejecutivo que saliera de él. El resto, sería seguir faltándole el respeto a la gran mayoría de canarios afectados negativamente por estas decisiones de unos pocos que prefieren seguir repartiéndose el poder entre ellos, aunque al pueblo le vaya cada vez peor (según todos los índices negativos: paro, pobreza, fracaso escolar, dependencia exterior, carestía de la cesta de la compra, dependencia de sectores especulativos y exteriores, abandonando los primarios básicos o de generación de energías limpias...
"No más topes que los votos".
