LUIS COLA BENÍTEZ
En estos años el gobierno de las Islas sufrió frecuentes vaivenes reflejados en los reiterados cambios de gobernadores civiles. Pues bien, en el Ayuntamiento de Santa Cruz las cosas no eran muy distintas y, aunque no se producían tantos cambios de titular, daba la sensación de que el cargo no era en absoluto apetecible. De ello queda constancia en la "Diligencia" que el secretario de la corporación, Luis Sarmiento y Carta, inserta en el libro de Actas con fecha 27 de enero de 1909, cuando hace constar… que el alcalde Felipe Ravina y Castro delegó por motivos de salud en el primer teniente de alcalde Juan M. Ballester y Remón, que a su vez por sus ocupaciones lo hizo en el segundo teniente de alcalde José Acuña Trujillo, y por el mismo motivo éste en el tercero Juan N. Perera, quien por razón de enfermedad lo hizo en el cuarto José Siliuto, que no asiste por enfermedad ni puede delegar por lo avanzado de la hora en el quinto teniente de alcalde, por lo que no se celebró la sesión. El alcalde Felipe Ravina se reintegró a su puesto el 3 de febrero siguiente.
Además de las eternas dificultades financieras municipales, no eran ajenas a la situación las tensiones políticas y los movimientos divisionistas auspiciados desde Las Palmas. Ya en octubre del año anterior se tuvo noticias de la pretensión de dividir la Comisión de la Diputación provincial, ante lo que el Ayuntamiento se declaró en sesión permanente, y se cursaron telegramas a diputados y senadores, incluyendo la petición, una vez más, de que se instalara aquí la Audiencia provincial, por estar ordenado que debía radicar en las capitales provinciales y ser Santa Cruz la única que carecía de ella. El Ministerio de la Gobernación y el diputado marqués de Casalaiglesia contestaron recomendando convocar reunión de fuerzas vivas –jefes de partidos políticos, presidentes de sociedades, directores de periódicos, etcétera–, pero se aplazó la decisión esperando contestación al telegrama que se había dirigido al Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura.
El día 25, cuando un grupo de concejales esperaba a reunir quórum para celebrar sesión, una manifestación popular frente al Ayuntamiento obligó al alcalde Ravina a presentar su dimisión, que cursó por escrito al gobernador civil, sin que fuera admitida. El día siguiente, por tener que presentarse en el Juzgado, delegó la presidencia en el primer teniente de alcalde Adolfo Benítez Castilla, quien leyó telegrama del presidente del Consejo de Ministros en el que se explicaban las quejas por la división provincial como consecuencia de apasionamiento público, contestación que fue calificada de "ridícula" por varios concejales. En las fechas siguientes el alcalde intentó tratar de su dimisión, lo que no le fue posible en una primera convocatoria por falta de quórum. El día 29 explicó que el gobernador le comunicó que no admitía la dimisión por ser fruto de coacciones, amenazándole con exigirle responsabilidades si abandonaba el puesto y, preguntado por las coacciones, respondió que así lo entendía por la actitud del pueblo. Benítez Castilla insistió en que si el pueblo expresó su repulsa debía abandonar el cargo, a lo que Ravina contestó que no podía hacerlo hasta que el Gobierno no le admitiera la dimisión. El 4 de noviembre pidió la baja por motivos de salud, delegando la presidencia en el primer teniente de alcalde, que lo era el mismo Benítez Castilla. En la misma fecha se cursaron protestas telegráficas a periódicos de Madrid por artículos favorables a la división provincial.
En días sucesivos se recibieron adhesiones de varios ayuntamientos y sociedades y se entregó a los tribunales los periódicos locales El País y El Tiempo, por artículos que se consideraron calumniosos contra la corporación. Al mismo tiempo, bajo la presidencia accidental de Juan M. Ballester, se acordó contribuir con mil pesetas a los gastos de viaje a Madrid de una comisión de abogados para gestionar la instalación de una sección de la Audiencia Territorial en Santa Cruz, ofreciendo a su presidente locales y vivienda. Se cursaron telegramas al Ministerio de Gracia y Justicia y al de la Guerra, rogando la creación de la sección de la Audiencia y la cesión del castillo de San Cristóbal, a lo que ambos ministerios contestaron que se estaban estudiando los respectivos expedientes.
En marzo se tienen noticias de la posible supresión de la Diócesis de Tenerife, lo que motivó nuevo telegrama de súplica al Ministerio de Gracia y Justicia. También se telegrafió al presidente del Consejo de Ministros pidiendo su intervención para la creación de la sección de la Audiencia.
En abril de 1909 se celebraron elecciones y los nuevos concejales tomaron posesión el 1 de julio siguiente en sesión presidida por Felipe Ravina y Castro, como alcalde saliente, que se retiró y dejó la presidencia al concejal de mayor edad, José Hernández Alfonso. Se leyó R. O. nombrando nuevo alcalde a José Sansón y Barrios, que se encontraba ausente y que ya había sido alcalde en 1894. Se nombraron tenientes de alcalde y síndicos, y pasó a presidir accidentalmente Juan M. Ballester, como primer teniente, pero José Sansón no tomó posesión, ni se sabe que haya presidido sesión alguna.
