ANTONIO ALARCÓ (*)
No nos cansamos de decir que en épocas de recesión económica como la actual, los Gobiernos tienen que centrar sus esfuerzos en apoyar a los que más lo necesitan. Sin embargo, el partido que está gobernando en Madrid, el Socialista, parece no haberse dado cuenta de esta situación y hace una semana votó en contra de una moción nuestra por la que instábamos al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a diseñar un Plan Estatal de Inversión Local para ayudas de Emergencia Social.
En nuestra opinión, esta iniciativa, que no va contra nadie, está a favor de todos y no tiene ideología, está más que justificada: en primer lugar, porque ayudaría a muchas familias a salir del bache en el que se encuentran inmersas y, en segundo lugar, porque aliviaría la presión que están ejerciendo las crecientes necesidades de la población en materia social sobre las corporaciones locales.
En concreto, se trata de articular un mecanismo para distribuir entre ayuntamientos, cabildos, diputaciones y consejos insulares los fondos necesarios para hacer frente al considerable aumento que, como consecuencia de la crisis, están experimentando la demanda de ayudas sociales. Se trata de crear un fondo de inversión destinado a inyectar liquidez en las arcas de las corporaciones locales de toda España.
En resumen, sería un instrumento parecido al Plan E, pero con un marcado carácter social y dirigido a aquellos que están en situación de extrema necesidad, pues para nosotros las personas son mucho más importantes que arreglar un campo de fútbol o volver a asfaltar una calle.
Así lo entendieron todas las fuerzas políticas, con cuyo apoyo pudimos sacar adelante esta moción, todas, excepto el Partido Socialista, que se quedó sólo en su rechazo. Y eso que, según ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, los presupuestos de su Gobierno están dedicados a las personas. Nada más lejos de la realidad.
No obstante, esperamos que mediten su decisión, pues si el Gobierno central atiende el mandato de la Cámara Alta y crea esta herramienta de forma urgente y en colaboración con las Comunidades Autónomas, se estará poniendo en marcha una forma efectiva de ayudar a paliar la situación que están atravesando numerosos ciudadanos y familias en nuestro país. No podemos olvidar, que ahora en España (especialmente en Canarias) hay ocho millones de españoles con problemas económicos y cuatro millones de parados, de los que un millón pertenecen a familias que no tienen ningún tipo de ingreso.
Con el principal objetivo, de ayudar a estas personas a recomponer sus proyectos vitales, desde el Grupo Parlamentario Popular en el Senado hemos presentado varias iniciativas que consideramos fundamentales y urgentes. Todo ello, para que no aumente la población que vive en España bajo el umbral de la pobreza y para que no siga creciendo el riesgo de exclusión social. Un fenómeno que expulsa de los mecanismos de la sociedad a determinados colectivos y que afecta de manera especial a las mujeres y jóvenes, quienes están pagando la mayor parte de la factura de esta crisis.
Por ello, insistimos en que resulta apremiante que las administraciones públicas arbitren los métodos oportunos para amortiguar esta situación. No sólo por una cuestión de humanidad, sino porque debemos recordar que la Constitución Española, en su Capítulo III, reconoce el deber de las administraciones públicas de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Esto no es algo graciable, sino una necesidad objetiva del sistema.
Esta iniciativa tiene otro objetivo que es evitar la banca rota de las administraciones públicas de ámbito local. Éstas son las competentes en materia de ayudas sociales y por ello se están viendo desbordadas. En nuestra opinión ahora el Estado debe acudir en su ayuda pues ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares están al borde del colapso. Incluso, algunos se están planteando desde hace meses detraer dinero de otras partidas para poder afrontar el alarmante número de solicitudes de ayudas.
Desde el Partido Popular entendemos que las administraciones no deben, ni pueden, infartar sus partidas presupuestarias para dotar las ayudas de emergencia social, ni tampoco detraer presupuesto de otras. Por ello, debemos arbitrar la fórmula que logre afrontar esta grave crisis sin comprometer las arcas públicas.
Resulta apremiante tomar decisiones firmes para paliar esta grave situación. La realidad es dramática. No olvidemos, que detrás de las frías cifras estadísticas se esconden verdaderos dramas sociales y rupturas de proyectos vitales, que, una vez pasada la crisis, costará mucho recomponer.
Ante este negro panorama el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha de tomar las riendas y es por ello que insistimos en la necesidad de articular un Plan Estatal de Inversión Local para Ayuda de Emergencia Social.
* Senador del Partido Popular por Tenerife
