ALBERTO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Después de aquella manifestación, por las calles de Santa Cruz, que logró cambiar el trazado y tendido de la línea de alta tensión por los altos de Vilaflor sentando, a la par, un precedente histórico lamentable para la isla de Tenerife, después de aquello, repito, llegué a la conclusión de que la participación ciudadana en las tareas de gobierno debe estar sujeta a un conjunto de reglas para impedir que se convierta en un caballo desbocado. Porque no es oro todo lo que reluce en el seno de una manifestación que rara vez se escapa a los intereses propios: particulares y de partido. Por culpa de aquella manifestación el trazado de la línea se ejecutó en los márgenes de la autopista del Sur dando lugar a un desastre medioambiental de colosales dimensiones. ¿Dónde tendrían que ser buscados los responsables de tamaño desatino? ¿Qué culpa tenemos el resto de los mortales para vernos obligados a observar, día a día, tantas torres y tantos cables?
Presumo que la culpa de que en todas las capitales de España las manifestaciones se hayan convertido en una moneda a cambiar tendría que ser buscada en los políticos, en su torpeza, falta de preparación, desprecio olímpico a los intereses comunes y, sobre todo, apego a unos cargos que les permite ejercitarse en unas prácticas de poder que les encandilan y subyugan. Amén de garantizarles un sueldo que no se merecen. Si las prácticas políticas en nuestra democracia se correspondieran con las expectativas que depositamos en ellas la manifestación popular y callejera sólo tendría sentido en escogidos momentos. Pero cuando el devenir de una comunidad autónoma –cada uno es muy libre de situarse en la suya– cae en manos de una serie de indocumentados y farsantes, ocurre lo que ocurre, esto es, que la ciudadanía, harta de tanto disparate, se planta en la calle para reclamar pan y justicia. El movimiento ciudadano, en muchos supuestos, usurpa, y esta manera de actuar es rechazable, el ejercicio de poder de aquellos que fueron elegidos por el pueblo con su voto en las urnas.
Una cuestión que debe ser asumida por todo movimiento ciudadano riguroso tiene mucho que ver con la responsabilidad que se asume desde el momento que se intenta cambiar de sentido y dirección los proyectos que dimanan desde el seno gubernamental. Pongamos como ejemplo para ilustrar este asunto el paralizado puerto de Granadilla. Soy consciente de que esta obra se ha ganado un grado de rechazo popular que ha nacido al soco de la farsa que supuso argumentar que el puerto de Santa Cruz había llegado a sus límites –el Puerto capitalino ni había ni ha alcanzado el límite de sus prestaciones– para poder cumplir con sus funciones y, además, realizar todos los estudios –diversos y muy costosos– envueltos en un grado de ocultación al que resultaría difícil encontrarle parangón en esta Isla. La sombra del pelotazo siempre ha estado revoloteando sobre el litoral del polígono industrial de Granadilla sin permitir ver la luz en medio de tantas tinieblas. Así las cosas, al día de hoy, ni los mentores del proyecto ni los ecologistas a ultranza pueden convencer a nadie, desde los estudios serios, convincentes, contrastados y rigurosos, qué es lo que debemos hacer. Y si alguna de las partes se refirma en su posición de partida se equivoca de medio a medio. Ni los defensores ni los detractores del puerto de Granadilla pueden arrogarse la verdad absoluta. Faltaría más.
Y lo de este puerto, que puede llegar a ser una obra desechada para el interés general, debe servir de ejemplo para otros proyectos que desde que han asomado a la luz ya cuentan con una oposición clara porque lo que tendría que ser una lucha por un ideal se ha convertido en la forma de vida de aquellos que ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo. Allá ellos y que con su pan se lo coman.
