Mª JOSÉ HERNÁNDEZ GARCÍA
El pasado lunes se reunió la Comisión Parlamentaria de Presupuestos, Economía y Hacienda, en la que se dio a conocer las grandes líneas de las prioridades políticas del ejecutivo expresadas en cifras para el 2010. El consejero de Economía, José Manuel Soria, mostró su preocupación porque la deuda pendiente acumulada de nuestra comunidad autónoma pasará los tres mil millones de euros el año que viene. Ese dato lo obtiene de extrapolar la ratio de endeudamiento en diciembre de 2007 a diciembre de 2008 y de ése a 2009. En 2007 debíamos 1560 millones. La deducción es fácil: en sólo dos años se ha duplicado la deuda autonómica.
La primera cuestión que hay que plantearse es qué han hecho, quienes nos han gobernado desde 2007 (que siguen siendo los mismos desde entonces) para llegar a esta situación. Es necesario que expliquen a qué ha obedecido poner así en peligro los ingresos futuros; a su vez de cuantía incierta y variable a la baja, derivada de la inestabilidad del escenario económico en el que nos encontramos.
Pero como siempre hay algún consuelo (y los políticos en la búsqueda de curas paliativas están muy bregados) el vicepresidente y consejero económico resalta que los datos del endeudamiento son mejores que la media nacional. Lo que no comenta es que, por lógica, la capacidad de endeudamiento es superior cuanta más riqueza se tenga. Y en la media nacional entran las comunidades más ricas del estado. Y la nuestra es la tercera más pobre. No se puede hacer una comparación sin introducir estos matices. Lo contrario podría inducir a equívoco.
No cabe duda de que el consejero domina la materia de su ramo cuando a continuación revela que el dato "le preocupa". Y sabe, además lo ha hecho público, que cuanta más deuda se acumule en cada ejercicio económico, más recursos habrá que destinar a saldarla en el siguiente año, con lo que habrá "menos para otros servicios". Nos atrevemos a augurar (dado que gubernativamente ya es costumbre en esta legislatura) que los servicios que verían sus partidas minoradas, llegado el caso, serán Educación y Sanidad. En cuanto al recorte en un 14% del presupuesto destinado a apoyar al sector turístico, podría justificarse si esa diferencia sirve para apoyar sectores económicos alternativos a nuestro monocultivo desde hace cincuenta años. Sin embargo, la intuición enfoca hacia montañas no muy lejanas, en desiertos cercanos (aproximadamente, presidente Aznar "dixit").
Los 56 millones previstos para la Radio Televisión Canaria (RTVC) permite pensar que algo falla internamente porque todavía no ha hecho público el plan gubernamental de saneamiento económico, de lucha contra el paro y de propuestas de cambios estructurales en nuestra economía; elaborado por el ejecutivo canario de consuno con todos los agentes implicados. La otra opción desemboca en que el gobierno no tiene plan alguno. Y la dejadez de nuestros políticos en buscar soluciones y minimizar los efectos de la crisis no puede llegar a semejante grado.
Comentó también Soria que los presupuestos no contemplan partidas para afrontar posibles sentencias condenatorias que también supongan el pago de indemnizaciones. Se sugieren dos posibilidades, compatibles entre sí. La primera, pasa por dotar una reserva, partida de gastos, que podría denominarse "dotación reserva para indemnizaciones acordadas en sentencias condenatorias por interpretación no conforme a Derecho de la norma aplicable". Y la segunda pasa por exigir responsabilidades políticas a los actuantes. No hace falta cargar más a la fiscalía anticorrupción, que casi no da más de sí. El asunto está previsto en el capítulo II del título X de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, artículo 145 y siguientes. Está intitulado "Responsabilidad de las autoridades (...)". Huelga añadir más comentario para dejar paso a la actuación.
