PEDRO VÉLEZ (*)
La figura del Diputado del Común, el equivalente al Defensor del Pueblo en Canarias, se remonta a los tiempos en los que no había ciudadanos, con derechos y obligaciones, sino súbditos, sólo con obligaciones, y por lo tanto hacía falta alguien que defendiera, o que por lo menos propusiera, normas que redundasen en beneficio de ellos.
En un régimen democrático con plena representatividad ciudadana en las correspondientes cámaras, y con unos representantes donde en el ejercicio de su función no debería caber la imposición de ninguna mediación ni de carácter territorial ni de carácter partidario, es decir sin mandato imperativo, la figura del Diputado del Común sería ser algo anecdótico, una reminiscencia del pasado. Si bien, la realidad es bien diferente, y los diputados del Parlamento de Canarias sólo obedecen al mandato de su partido, o al de su territorio. Es más, la cámara, que se elige por cuotas territoriales, es una cámara de representación territorial, pero no ciudadana.
Tal es la situación en Canarias, que los últimos informes del Diputado del Común son demoledores, haciendo énfasis en la mala gestión del los servicios sanitarios, los peores valorados de España; de la justicia, hasta el punto de llegar a decir que ponen en quiebra el Estado de Derecho; y en la escasa respuesta y colaboración por parte de la gran mayoría de las administraciones públicas, ayuntamientos incluidos. Que se pude esperara que hagan con el ciudadano si no atienden ni colaboran con el Diputado del Común.
De este modo, la figura del Diputado de Común retoma nuevamente la importancia que tuvo cuando sólo había súbditos, pues es de las escasas vías que tenemos los ciudadanos para denunciar los atropellos a los que nos vemos sometidos por parte de las Administraciones Públicas en Canarias, y por tanto haciendo plenamente uso del cometido que tiene el Diputado del Común según el Estatuto de Canarias, es decir, la defensa de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas y supervisión de las actividades de las Administraciones.
Tan real debe ser la situación como la refleja el actual Diputado del Común, que todos los grupos con representación en el Parlamento de Canarias han iniciado una táctica de ataque y derribo sin tregua sobre el mismo, hasta el punto que por fin han acordado, algo ya de por si insólito, iniciar el procedimiento para sustituirlo.
Y es aquí donde empieza el mercadeo, ni el PP ni CC ni el PSOE quieren que el nuevo Diputado del Común les vuelva a sacar los colores, y por ello cada uno propone a un candidato, cada cual más afín a su partido. Empiezan a intercambiarse nombres, pero ninguno de ellos destaca por lo que tiene que destacar, es decir una larga experiencia en la "defensa de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas y supervisión de las actividades de las Administraciones" sino por lo cargos ocupados en un determinado partido. No contentos con saltarse la no imposición partidaria o territorial de los propios Diputados, se la quieren imponer al Diputado del Común, la única válvula de escape de los ciudadanos, ya casi súbditos. Acentuándose así el abismo que existe entre los ciudadanos y los actuales políticos.
De este modo es obvio que mientras no exista una mejor representación ciudadana en el Parlamento de Canarias y sigan los diputados bajo mandato imperativo partidario y territorial, la figura del Diputado del Común debe ser lo más imparcial posible, y por ello el actual método de elección, mayoría de tres quintas partes de los miembros del Parlamento de Canarias, se antoja uno de los peores para lograr ese objetivo.
Los candidatos a Diputado el Común no deberían haber ostentado ningún cargo de representación pública y por supuesto no haber sido parlamentarios ni senadores. Un concurso-oposición con un tribunal no formado por políticos, evaluando a los candidatos en función del perfil de la labor a desarrollar, es decir la "defensa de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas y supervisión de las actividades de las Administraciones", parece una alternativa mucho más sensata y afín a los intereses de los ciudadanos.
Lo que está en juego no es un cargo más, sino la defensa de los Derechos Fundamentales y las Libertades públicas, y con eso no se puede mercadear.
* Portavoz de Unión Progreso y
Democracia en Canarias
