JOAQUÍN CATALÁN
En la función pública o en la empresa privada, en la calle o en casa, en el campo o la ciudad, cualquiera que sea nuestra raza, sexo, credo o procedencia, todos los españoles somos iguales ante la Ley. ¿Todos? No, algunos cargos políticos, como los parlamentarios autonómicos, gozan de un aforamiento que les distingue del resto de los mortales. De ahí, por ejemplo, que la investigación a Miguel Zerolo se efectúe desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y no desde un juzgado ordinario.
Ahora, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Pérez, ha anunciado que propondrá a la Ejecutiva de su partido, en el contexto de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, la supresión del fuero de los diputados canarios, de manera que se restablezca el principio de igualdad ante la Ley y el del sometimiento al juez ordinario o juez natural predeterminado.
Santiago Pérez, y creo que la propuesta va a ser muy aplaudida, considera que esta idea es lo que los ciudadanos están esperando: la supresión del fuero y de los privilegios, una medida que sería pionera en España y con la que los canarios daríamos un ejemplo de clara voluntad de actuar en contra de la corrupción y a favor de la igualdad ante la Ley. De ser aceptada, las Islas se pondrían a la vanguardia porque el blindaje no tiene sustento constitucional y, por lo tanto, puede ser suprimido para dar prioridad al principio de igualdad.
Sólo resta que los demás grupos consideren dicha iniciativa y que se incluya en el nuevo Estatuto de Autonomía. Sería una oportunidad de oro de borrar la lamentable imagen que estamos ofreciendo desde el Archipiélago por tanta denuncia por presunta corrupción y por tanta apertura de calabozos y celdas para acoger a políticos. Pregúntenle a Dimas Martín.
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