FRANCISCO POMARES
La Comisión parlamentaria de investigación sobre niños desaparecidos dio ayer sus primeros frutos: la declaración de su presidente a la Ser, asegurando que se había descubierto la existencia de un tercer caso de niño desaparecido en Canarias, que no había trascendido a la prensa. El diputado conejero Fernando Figuereo, no quiso dar detalles acerca del nuevo caso, arguyendo como excusa el carácter secreto de lo que se dice en la Comisión.
Pero si se quiere que el secreto siga siendo secreto, es mejor no largarlo en la radio: menos de una hora después de las declaraciones de Figuereo, todos los programas de víscera y tente tieso de España –incluyendo los de la tele de Willy García– gestionaban hacerse con los pormenores de la noticia: Una noticia que no tenía fundamento: la Delegación del Gobierno dijo inmediatamente desconocer la existencia de ese nuevo caso descubierto por la comisión en sus primeras investigaciones, y a partir de ahí se montó la correspondiente peleíta de declaraciones y contradeclaraciones. Finalmente, y con Figuereo al borde del infarto, la criminóloga y perito judicial que compareció el miércoles ante la Comisión, y que fue quien facilitó a sus miembros el chivatazo del supuesto tercer caso –noticia que el político se encargo inmediatamente de hacer pública– reconoció haberse equivocado: entre sus notas figuraba una tercera desaparición, porque no había incorporado en ellas su feliz resolución.
Un error lo tiene cualquiera. Por eso no creo que sea legítimo cebarse ahora sobre la impericia de la señora criminóloga. Quizá pudiera ser censurable su elección por parte de los diputados investigadores. Pero lo más criticable de este penoso asunto es que los mismos que se comprometieron a evitar que el trabajo de investigación parlamentaria contribuyera a la alarma social, no dejaron pasar ni unas horas antes de salir a montar el espectáculo. Los políticos son políticos, y la mayoría va a la busca de medallas en el pecho propio y de afrentas para el adversario. No tengo la más remota idea de qué satisfacción puede producir a alguien descubrir al público que hay más familias asolada por el dolor y la impotencia, a sumar a las de Yeremi y Sara. Ni entiendo que alguien con el sentido de la responsabilidad que debe exigirse a un diputado, más aún al presidente de una Comisión de Investigación, pueda alardear frívolamente de que hay 500 menores en paradero desconocido en Canarias. Eso no es cierto. Se quiere confundir a la opinión pública, mezclando casos de jóvenes próximos a la mayoría de edad que rompen con sus familias, con situaciones reales de desaparición. Y todo esto –como la publicidad al falso nuevo caso de niño desaparecido– se hace para justificar una iniciativa absurda y rastrera. Cierren la Comisión y háganse –y hágannos a todos– un favor.
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