JOAQUÍN CATALÁN
Lo he dicho en numerosas ocasiones: las comisiones parlamentarias de estudio e investigación carecen de interés. Jamás he confiado en su utilidad, ni en las celebradas en el Congreso de los Diputados, ni en las específicas para Canarias con sede en Teobaldo Power. Confío, por el contrario, en la labor de los tribunales de Justicia. Hay quien afirma que las comisiones sirven para purgar políticamente, pero existen otros instrumentos en la propia Cámara para ello, y, además, nunca las conclusiones han quedado ajenas a la política, lo cual resta validez.
Ahora, en el Parlamento, ha iniciado su andadura la comisión de estudio sobre los niños desaparecidos en las Islas, que evitará, por respeto a las familias y para no entorpecer la investigación policial, la asistencia de los allegados de Sara Morales y de Yéremi, dos de los casos sin resolver más llamativos y amplificados. La comisión nació coja, por la ausencia de los socialistas, y porque presenta como fin último la elaboración de un protocolo de actuación para aplicar en Canarias en futuros casos de desapariciones. ¿No los tiene la Policía Nacional o la Guardia Civil? ¿No existe legislación al respecto? No me queda más remedio, insisto, que tacharla de inservible.
En la primera sesión, la vicepresidenta, la nacionalista Flora Marrero, solicitó la implicación de la sociedad a través de un factor importante como las nuevas tecnologías, léase SMS, y criticó que la sociedad no se implique directamente en los casos de desapariciones, cosa que sí hacen las familias. "Es importante implicar a la sociedad, porque no tenemos conocimientos", sentenció la vicepresidenta y parlamentaria. Ante tamaño derroche de facultades, presento mi rendición. No quiero saber nada de este foro de estudio, y mucho menos que nos cueste dinero público.
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