FRANCISCO POMARES
Santiago Pérez abrió ayer la caja de los truenos y no sólo sacó de ella las tradicionales descargas electrostáticas, sino también sapos y culebras, y a Rivero y Pepe Rodríguez. Ustedes se preguntarán qué pintan el director/editor/propietario y articulista favorito de El Día y Rivero juntos y revueltos dentro de la caja susodicha. Y Pérez se lo explica: dice el socialista que la posibilidad de convocar referéndums, contemplada en la famosa ley de Participación Ciudadana –que el Gobierno insiste en llevar al Parlamento a pesar de la contestación del Consejo Consultivo y de los servicios jurídicos del propio Gobierno– es el peaje que paga Rivero al director/editor/propietario y etcétera.
Interpreta Pérez que el proyecto de ley de Participación Ciudadana –el primer compromiso legislativo anunciado por Rivero en su investidura– lo que persigue es nada más y nada menos que permitir que las islas puedan seguir los pasos de la propuesta del referéndum de Ibarretxe, pero "al estilo Paulino Rivero". Y eso no es más que el principio: para el portavoz del PSOE canario, cuando el Gobierno plantea este mecanismo para convocar referéndums y plebiscitos regionales, lo hace por el compromiso político del presidente del Gobierno con Pepe Rodríguez y con su línea editorial independentista y antigrancanaria. Ozú.
La verdad es que la argumentación del socialista está bastante cogida por los pelos: el proyecto de ley está viciado en origen y merece ser enmendado a la totalidad –como ha hecho el PSOE– pero sobre todo por su absoluta endeblez técnica y jurídica y porque invade sin complejo alguno competencias del Estado con la pretensión de poder convocar referéndums o constituir tribunales populares. La propuesta del Gobierno es más chavista que independentista, más deudora de las ideas de la concejala de participación ciudadana de Santa Cruz de Tenerife –Ángela Mena, esposa de Rivero– que de las del editor/director/dueño y más cosas de El Día, y es –por lo menos– tan bananera como anticonstitucional.
Pero la bronca de Santiago Pérez contra Pepe Rodríguez –al margen de que en el ímpetu de la declaración guerrera se mezclen churras con merinas– tiene su importancia: ocurre que desde el acuerdo del Parlamento de Canarias condenando los desafueros de Pepe Rodríguez contra Gran Canaria y los grancanarios, es la primera vez que el principal partido político de las islas señala a El Día como agente inductor de una campaña política por la independencia de las islas. Y había que hacerlo: porque El Día tiene el derecho de defender las posiciones de su propietario y –por ende– es libre de pedir la independencia, la poligamia, o la esterilización de los empresarios del Sanedrín. Pero eso de hacerlo y esconderse y que todos miren a otro lado y el Gobierno financie la broma con publicidad institucional, pues debería acabarse. Que ya es hora.
fpomares@epi.es
