Jugando al despiste

ANTONIO ÁLVAREZ DE LA ROSA
El capitalismo de siempre y, desde luego, el que instaló en Europa, hace más de siglo y medio, toda su artillería empresarial y financiera, se ha caracterizado por su inmoralidad, la codicia como columna vertebral de la actividad económica. Para sostenerse, ha utilizado sus armas depredadoras e incluso fomentado conflictos bélicos. Lleva estampada en su frente la máxima del caiga quien caiga, aunque por supuesto caigan siempre los de siempre. En este ya largo periodo solo ha tenido dos fronteras: el miedo al comunismo y las barreras que consiguió levantar la socialdemocracia. Derribadas ambas, la utópica revolución y la fugaz redistribución de la riqueza, es fácil observar cómo campa por sus irrespetos. En Europa, por ejemplo, dos países están haciendo saltar en pedazos la fiscalidad como mecanismo de equilibrio social. El gobierno de Berlusconi acaba de decidir que todo aquel que tenga su fortuna en un paraíso fiscal queda amnistiado si la declara, bajo garantía de anonimato, y paga una ridícula multa. En España y, aprovechando la siesta veraniega, el ministro de Fomento –se supone, uno de los grandes ideólogos del PSOE–, estableció que los "ricos" son los que ganan más de 50.000 euros. Desde el más elemental sentido común del ciudadano, salta la pregunta. ¿Cómo sabe el Gobierno quiénes los ganan en realidad contante y sonante? Según los datos de la Contabilidad Nacional –organismo, que yo sepa, no constituido por peligrosos revolucionarios–, el 90% del IRPF (Impuesto sobre la renta de las personas físicas) se nutre de los asalariados, es decir, de aquellos cuyo sueldo figura en una nómina, perfectamente controlada por la Hacienda pública. Son ellos casi los únicos que pagan ese impuesto progresivo: a mayores ingresos, más dinero recaudado. Por otro lado, la ministra de Economía ampara la rapiña tributaria de los ricos más ricos, la elite financiera de España, anidada en las cuevas del SICAV (casi cuatro mil Sociedades de inversión de capital variable), siglas de suave fonética, búnker que controla más de 27.000 millones de euros y que tributa al 1%. La razón de la ministra podía figurar en los anales de un inexistente delito, el de la apología de la inmoralidad. Subir ese impuesto, aduce, podría suponer la fuga de capitales. Después de haber archicomprobado que el batacazo financiero del mundo se ha producido, esencialmente, por la posibilidad de esconder las grandes fortunas –además de las rentas del capital de la droga o de la prostitución o de la venta de armas– en los llamados paraísos fiscales, ¿qué credibilidad se puede conceder a la supuesta voluntad de erradicarlos? Acabar con una fiscalidad profundamente injusta debería ser el primer objetivo de un Gobierno socialista. Han sido capaces, eso sí, de conseguir avances en algunos territorios de la igualdad social. Los homosexuales o las mujeres, por ejemplo, se han beneficiado de decisiones valientes que, incluso, han acarreado la cólera tronitonante de la derecha callejera más montaraz. Sin embargo, cuando se trata de luchar por aumentar la paupérrima contribución de las rentas altas, le entra la flojera y utiliza armas de juguete. Mientras tanto, es decir, cuando ya esta elemental y generalizada injusticia se ha instalado en España, los dos partidos mayoritarios y casi todo el coro mediático juegan al despiste, que si una moción de censura por aquí, que si 400€ por allá, que si unos efímeros planes de empleo por acullá, maniobras embaucadoras que encandilan y consiguen, como los buenos prestidigitadores, que no nos fijemos en lo más esencial. Si no se pagan los impuestos debidos, es imposible que el conjunto de la ciudadanía de un país goce de un bienestar generalizado. ¿Existe algún mago Merlín de las finanzas públicas y españolas capaz de conseguir que funcionen los servicios básicos teniendo cegada una buena parte de las fuentes del dinero necesario? ¿O es que, por ejemplo, la educación, la sanidad, la justicia, la seguridad se pueden nutrir del aire retórico?