La autoridad en el aula

ALBERTO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Las controvertidas frases que pronunciara Unamuno "Este es el templo de la inteligencia, y yo soy su sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto..." ante Millán Astray revelan la diferencia existente entre la Universidad y los cuarteles a la hora de entender y aplicar el principio de autoridad. Sé, a partir de mi propia experiencia como alumno y maestro de centros públicos de enseñanza, lo que supone para un profesor mantener en el aula un ambiente proclive a la trasmisión del saber sin usar otro argumento que la sola presencia y el convencimiento que se apoya en un conocimiento profundo de la materia impartida y de la metodología al uso.

Nunca podré olvidar, concretamente, a mi profesor preferido, Juan M. Sánchez Jiménez, por tener una personalidad fuera de lo común fundamentada en una cultura y una manera de entender la vida que no encuentran parangón en mi dilatada vida como alumno y docente. Todos sus alumnos, tres promociones de elegidos, admitimos que la presencia de Sánchez Jiménez en el aula marcó nuestras vidas a partir de unas exposiciones magistrales de las que procurábamos no perder el mínimo detalle. Y conste que hablo de un centro, la Escuela Candelaria, ubicado en la Recova Vieja, en tiempos en los que los alumnos procedían de los estratos sociales más conflictivos hasta el punto de que más de uno había pasado por El Reformatorio. Bien, pues incluso así, bastaba que aquel profesor abriera la boca para que la paz, el interés por aprender y el silencio reinaran en el aula.

De mi etapa de maestro, una de las cuestiones que me quedaron muy claras, es que nunca tuve problemas de disciplina con los alumnos. Debo reconocer que durante los primeros años la disciplina imperaba en una sociedad casi recién salida de una guerra Civil y los alumnos, que eran fruto de una educación marcada por aquella disciplina, sabían que una queja del maestro ante sus padres suponía recibir un castigo añadido en la propia casa. Pero después, cuando hizo acto de presencia la crisis familiar, los alumnos, presos de una engañosa libertad, se desbocaron en alocada carrera hacia ninguna parte. A partir de aquel momento tuve muy claro que lo que procedía era atender a los alumnos en sus problemas personales –esa era la prioridad– para a continuación pasar a las tareas formativas. Y aunque nunca pude substituir a los padres –esa es tarea imposible– hice por ellos todo lo que debía y más. Y mis alumnos procedían de San Pío X, Santa Clara, Juan XXIII, San Luis Gonzaga...

Después de vivir tan soberana experiencia me he quedado de piedra después de ver como en España se ha levantado una tormenta en un vaso de agua porque a la condesa –consorte– de Murillo y Grande de España, Esperanza Aguirre, le ha dado por considerar oportuno que los profesores tengan el mismo tratamiento que los policías ante la agresión de alumnos y/o padres. Debería saber Esperanza Aguirre, amiga de confundir a la opinión pública con cortinas de humo, que las cosas nos han llegado así porque no se han aplicado bien las normas legales aprobadas hasta hoy. Lo primero que tendría que ocurrir, y no ocurre, es que la totalidad de la comunidad educativa –alumnos, profesores, padres, representantes de la administración educativa y del municipio, directores, etcétera– hicieran causa común con todo aquel profesor que se siente agraviado. Todos a una, como en Fuenteovejuna, porque es casi una cuestión de honor, frente a la hostilidad de los agresores. Y la Administración educativa, ay, la Administración, meterse hasta el cuello en el problema y no dedicarse a tirar balones fuera trasladando a los alumnos de centro. Y más aún, convencer –no imponer– a una sociedad civil que la convivencia entre los seres humanos solamente es posible aplicándose en la praxis del mutuo respeto. Pero, por favor, pistolas al cinto no.