ANTONIO ÁLVAREZ DE LA ROSA
Algo más de cien millones de euros nos va a costar a los canarios la maraña mentirosa, tejida en torno a la imposible explotación minera de una montaña. Hace quince años, un empresario encontró un nuevo El Dorado en la isla de Fuerteventura. Vendió al Gobierno autónomo una idea luminosa que terminó siendo de una escalofriante oscuridad: la concesión de la montaña de Tebeto para obtener piedra de la mejor calidad, piedra que, tras una simple prospección geológica, se ha demostrado que no existe. Es solo un ejemplo de la inacabable y pétrea cantera de la corrupción que, en el pestañeo histórico de una década, está pulverizando no solo los cimientos de la democracia, sino vaciando las arcas públicas. En este sentido, en Canarias no hay una hora menos respecto a la Península. Aquí se delinque política, administrativa y empresarialmente –siempre supuestamente, claro–, sin que el hecho diferencial canario, la pulpa de la canariedad nos distinga. El panorama es desolador y, desde luego, desalentador, ya conjuguemos el verbo en presente o en futuro. No solo por el río de dinero que engorda bolsillos muy particulares, sino también, y aún más preocupante, por un enorme foso que no para de ensancharse y que está sepultando un valor tan esencial como la ética pública, porque la privada, ya se sabe, es asunto de cada uno y la historia demuestra que no hay nada nuevo bajo el sol de la inmoralidad. Las encuestas y demás trabajos sociológicos martillean el convencimiento de que una buena parte de la ciudadanía está harta de la clase política y del funcionamiento de la justicia en España. En estas islas se puede ser el urdidor de una Ley –confeccionada con el único fin de expropiar un edificio anejo al Parlamento– que acaba costando al erario 12 millones de euros y ser premiado con un puesto de Consejero. En este país puede un Tribunal Supremo demostrar que el actual presidente de Telefónica se ha apropiado indebidamente, o sea, robado, unos cuantos millones de euros, pero declarar prescrito el delito.
Y lo peor, lo acongojante, lo que provoca el asco en una minoría, cada vez menos minoritaria, es que nunca pasa nada. No solo que no se pague en metálico lo que pagamos los demás con nuestros impuestos, sino que, desde las diferentes poltronas, se saque el pecho de la desfachatez, agazapados en medio de la marrullería política, de las manipulaciones informativas y, sobre todo, amparados por una generalizada anestesia epidural, la que permite, al enfermo y a los ciudadanos, contemplar cómo nos operan sin sentir dolor alguno. Nada pasa, nadie es responsable, todo queda en la galaxia oscura de las elecciones y en el paquidérmico andar de la Administración de Justicia. Acabo de releer un imprescindible libro de Stefan Zweig. Como en tantos de los suyos, podemos comprobar su mirada aguda sobre la condición humana de siempre y, desde nuestra perspectiva actual, sobre la transformación ética de la sociedad. En El mundo de ayer. Recuerdos de un europeo, el escritor austriaco nos ofrece una pincelada sobre el sentido del honor del funcionario público, a propósito del jefe del espionaje de su país, allá por 1913, en los prolegómenos de la I Guerra mundial. El tal coronel es pescado con las manos en la masa que demuestran, sin lugar a dudas, que está al servicio de Rusia. Ante tal deshonor, dos policías le acompañan a su habitación y ponen un revólver sobre su mesa con el fin de que el "asunto, tan ignominioso para el ejército austriaco, tuviera la menor repercusión posible". Pocas horas después, el suicidio estaba consumado. Desde luego, no le deseo tamaño infortunio a ninguno de los corruptos que atentan contra el erario. Simplemente, uno desearía que se aplicaran las leyes que condenan la irresponsabilidad de quienes tienen que ver con la cosa pública, que se metiera a fondo la tijera electoral y judicial para desenmarañar la maraña de la mentira.