JOAQUÍN CATALÁN
Canarias -no es la única- vive desde hace unos años bajo la lupa de la Justicia. Un somero recorrido por las Islas, una por una, nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de emprender un proceso de regeneración política en el Archipiélago. No pretendo juzgar a nadie, porque no es mi cometido, porque la honradez es la bandera de numerosos gestores públicos, y porque algunos de los casos han sido archivados, pero sí deseo, desde mi responsabilidad, refrescar la memoria de mis conciudadanos para que ustedes mismos valoren y saquen sus conclusiones. La sombra de la corrupción y la sospecha planea sobre estas idílicas islas.
La Palma: caso Astapal.
El Hierro: caso Farmacia.
La Gomera: caso Valle Gran Rey, por malversación.
Tenerife: caso Fórum, caso Las Teresitas, caso Parque Marítimo, caso Baute, caso Varadero (El Rosario), caso Icod de los Vinos, caso Arona, caso Parlamento, caso Emmasa, caso Granadilla, caso Padrón, caso MAC, caso San Miguel de Abona.
Gran Canaria: caso Mogán, también denominado Operación Góndola; caso Salmón (archivado), caso Faycán en Telde, caso Teror, caso Brisan (Santa Brígida), caso Paraíso (San Bartolomé), caso José Antonio Martín (suspendido), caso Época, caso Grupo Europa.
Fuerteventura: caso Tebeto, caso Tindaya, caso La Oliva, caso Las Clavelinas.
Lanzarote: caso Dimas Martín (encarcelado), caso Unión.
Generales: caso Amorós (archivado), caso Sobrina, caso Eólico, caso Presidencia (sede), casos Moratoria, caso Voto Exterior, Icfem...
Es posible que me deje alguna en el tintero, pero decenas de autoridades, de todos los signos políticos, han estado o están siendo investigadas por presuntas irregularidades. Algo falla. O no.
jcatalan@epi.es