Lo normal

FRANCISCO POMARES
Es difícil adivinar cómo acabará la instrucción del juez César Romero en Lanzarote, pero lo que está claro es que la investigación continúa. El juez ha citado a declarar a los alcaldes de Tinajo y Arrecife y a la alcaldesa de Yaiza, a esta última para aclarar aspectos relativos a la imputación del arquitecto Carlos Morales, y para descubrir si las obras realizadas por una cuadrilla municipal de Yaiza en casa de Dimas fueron a beneficio de inventario.

Doña Gladys, por supuesto, ha desmentido el asunto. Ya se verá en la instrucción, pero cuesta imaginar a otro personaje que no sea Dimas Martín pidiendo a un colega que le mande una cuadrilla para hacerse unos apañitos en el chalé. Y más me cuesta entender que –en un régimen de libertades sindicales y de prensa– ni a uno solo de los obreros de la cuadrilla se le ocurra poner en tela de juicio lo de hacer obras en una propiedad privada y además situada en otro municipio.

Si el asunto es cierto, el que a ninguno de los supuestos implicados en este bochornoso asunto de las obritas les parezca extraño algo tan obviamente desvergonzado, ni a Dimas se le antojara indecente su petición, demostraría el imparable deterioro de valores y conceptos que se cuece en la política canaria. Un deterioro que es una marea evidente en el mundo local, en los ayuntamientos, donde se supone que la gestión debiera estar más cerca de los ciudadanos. Pero alcanza también a otras instituciones y ámbitos por encima de lo local. Hay muchos cargos públicos que creen que pueden hacer con los bienes y servicios que administran lo que quieran, si no es en su propio directo beneficio, porque eso es lo que hacen todos. Porque hacer favores a otros o contratar amigos o colegas de partido "sin recibir nada a cambio", no es algo ni delictivo ni condenable. "eso es la política", se dicen ellos mismos. Pero la costumbre de forzar o trasgredir leyes y normas administrativas para ofrecer favores, pagar lealtades o regalar canonjías es la primera fase benévola de la caída en la desvergüenza. Los favores acaban por cobrarse, los amigos enchufados se convierten en clientela y no hay canonjía otorgada a otros que no revierta en alguna forma de comisión, regalo o trapisonda...

Es penosa esta situación, como penoso resulta el desparpajo y desconocimiento de las leyes del que hacen gala los imputados por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos. La autojustificación de sus acciones, realizada por el alcalde de Arona, Berto González Reverón, alegando que las irregularidades y delitos que cometió los hizo para poder hacer algunos "favores a los vecinos", es la mejor demostración de esta degradación de la política local que no ocurre sólo en Lanzarote, y que algunos se empeñan en considerar "normal".
¿Normal? Sólo en su acepción de frecuente.

fpomares@epi.es