JOSÉ ANTONIO VALBUENA ALONSO (*)
Los juzgados de Arona han comenzado a albergar esta semana el amplio desfile de imputados por el llamado caso Edén. Tras largos meses de instrucción, en los que la Justicia ha seguido su vereda a pesar del ruido ambiental (amenazas a los abogados de la acusación, a los periodistas que informaban del caso, insultos desde el ámbito político...), quienes han sido imputados tienen ahora la oportunidad de defenderse, y quienes acusan la oportunidad de aportar sus pruebas. En resumen, el cauce normal de la Justicia en un Estado de Derecho.
Resulta llamativo lo mal que CC disimula su estado de histeria contenida ante lo que pueda derivarse del caso Arona. El propio Ricardo Melchior es presa de un nerviosismo que sus palabras y sus actos delatan a cada paso. No tuvo reparos adjetivar con un sustantivo muy feo a quienes, nada menos que la Guardia Civil, en el ejercicio de sus funciones y por expreso mandato judicial, pudieran estar escuchando una conversación telefónica entre el presidente insular y uno de los imputados, el consejero popular Félix Sierra. Y en los anales del disparate político quedará su antológico "¿y qué?", en respuesta a un periodista que, en el transcurso de una reciente entrevista, le intenta hacer ver que recomendar a alguien para un puesto en una empresa privada difiere sustancialmente de hacer lo propio desde un cargo público y en una oposición.
De lo anterior podría deducirse que Tenerife está en manos de un individuo cuya percepción de lo que es ético y lo que no lo es en política se vuelve más y más difusa por momentos. Tampoco es que podamos suspirar aliviados pensando que el vicepresidente primero estará un poco más centrado; también hemos conocido la afición de José Manuel Bermúdez de interesarse por personas concretas en las oposiciones dándole un telefonazo a su amigo el alcalde.
Coalición Canaria se ha dado de frente con la Justicia, y eso no les gusta. Malacostumbrados estaban, después de tantos años en los que sus tropelías apenas eran tosidas. Basta con comprobar la naturalidad con que un cargo de la importancia del alcalde de Arona admite desconocer que su comportamiento podía ser delictivo. He ahí el meollo de la cuestión. Cuando gobierno a golpe de mi mera voluntad, las leyes se transforman en engorrosos obstáculos que puedo saltarme sólo porque me los quiero saltar. Así de simple, así de sencillo. De repente, un día, un ciudadano, un abogado, un juez impertinente se me cruza en el camino, y pretende decirme que no, que las cosas no son así. ¿Qué ocurre a continuación? Que me pongo nervioso. Y así están muchos cargos de CC. Nerviosos a más no poder.
El Estado de Derecho es el edén de la democracia, el paraíso en el que todos los ciudadanos tenemos derecho a vivir. Una utopía imperfecta, quizás, que a veces funciona peor o mejor, pero a la que podemos aspirar. Un estado en el que el presidente de una Comunidad Autónoma no intente favorecer a sus familiares y en el que sus corifeos no pretendan minimizarlo como si no pasara nada. Una manera de hacer política, en definitiva, que en Canarias resultaría espléndidamente novedosa.
Se equivocan los dirigentes de CC que llaman "órdenes políticas" a las investigaciones de los jueces. Y yerran porque atribuyen a otros su propia conducta. Deben saber que no es así. Que no todos somos iguales.
(*) Portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife
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