JOAQUÍN CATALÁN
La ruptura del pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que supuso la salida de las áreas de gestión del equipo de Ángel Llanos, ha derivado en una especie de vendetta de los populares contra los nacionalistas. No debe ser así. No se puede votar a favor de la pervivencia del mamotreto de Las Teresitas y después en contra; no se puede apoyar los planes del alcalde y después criticarlos.
Ahora, el Partido Popular ha dado a conocer unos informes que desautorizan la declaración de la capital tinerfeña como ciudad en emergencia social y ponen en duda la puesta en marcha del Instituto Municipal de Atención Social, el IMAS. El IMAS fue aprobado en pleno municipal el 26 de mayo y contó con los votos favorables del PP. Incluso superó el plazo de exposición pública sin recibir sugerencia o reclamación por parte de los populares. ¿Les parecía correcto entonces y ahora no? En cuanto a la emergencia social, el resultado ha sido muy satisfactorio, porque esa figura perseguía que las personas sin recursos percibieran las ayudas con urgencia, no un año después de solicitadas, lo cual era de juzgado de guardia. Jamás escuché una crítica del PP cuando la noticia saltó a la calle.
Ángel Llanos y sus concejales firmaron en 2007 con Miguel Zerolo un pacto de gobierno que no ha llegado a buen puerto no por falta de dedicación o esfuerzo de las partes, sino, como suele ser habitual, por intereses políticos. Hay que reconocer, por tanto, el trabajo realizado por Llanos, Oñate, Soriano, Hernández Abad y compañía, y hay que exigirles que actúen con sensatez desde los bancos de la oposición, porque representan a varios miles de votantes chicharreros. La oposición no es sólo protesta, vigilancia y contraste, es también aportación, asistencia y contribución. Así funcionan las instituciones democráticas sanas.