El Gobierno canario no modifica el PGO

El consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, fue claro ayer en el Parlamento canario al indicar que la declaración de viviendas fuera de ordenación es una potestad "discrecional" del Ayuntamiento de Santa Cruz en la que el Ejecutivo autonómico poco o nada puede hacer.

Para el consejero, en el caso concreto del Plan General de Ordenación (PGO) de la capital, las garantías ofrecidas para permitir toda clase de obras en estos inmuebles –siempre y cuando no se aumente su volumetría– son "extraordinarias" y no tienen precedente en otros municipios españoles.

Para Berriel, los técnicos de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) se limitarán a "analizar" o supervisar las propuestas del Ayuntamiento de Santa Cruz sobre las edificaciones que quedan con esta catalogación.

El consejero hizo estas apreciaciones en el transcurso de una interpelación presentada por el grupo parlamentario socialista. Con ella, su portavoz, Santiago Pérez, quería conocer las intenciones del ejecutivo autónomo para limitar el nuevo de edificios con esta catalogación.

Aplicación de la ley. Pérez considera que las lagunas legales que existen sobre este régimen pueden haber propiciado "arbitrariedades" y por ello pidió que la Cotmac sea exquisita en la aplicación de la ley con el PGO de Santa Cruz. Los socialistas reconocen la capacidad de los ayuntamientos para diseñar su modelo de ciudad, pero también pidió que se tenga en cuenta la contestación social generada en Santa Cruz por el número aún indeterminado de viviendas que no se ajustan al planeamiento.

Pérez puso sobre la mesa las dudas surgidas de que en determinados ámbitos de Santa Cruz que se consideran colmatados se permitan en solares y edificaciones un incremento en el número de plantas. Por ello exigió una aplicación "estricta" de la legalidad en el caso de Santa Cruz y que se eviten las posibles arbitrariedades.

Equidad. "No sabemos si se ha podido incurrir en algún tipo de privilegio y por ello consideramos imprescindible identificar dónde se encuentran las viviendas fuera de ordenación y por qué, en aras a conseguir una mayor equidad y credibilidad", agregó el portavoz socialista.

Por su parte, Berriel presume el "principio de legalidad" al planeamiento de Santa Cruz, pese a asegurar que no conoce su contenido.

Tachó de "ociosa" la iniciativa parlamentaria socialista pero no descartó que, si se diera el caso, se suspendieran los ámbitos afectados en el Suelo Urbano Consolidado como pide el PSC. Berriel subrayó que la Ley Estatal prohibe indemnizar a los propietarios de viviendas fuera de ordenación y dijo que los estándares de densidad de edificaciones en Canarias son los más altos de España junto con los de Castilla-La Mancha. El PSC anunció la presentación de una moción con el fin de garantizar los derechos de estos propietarios.

La avenida de Anaga, también afectada

Una de las últimas novedades sobre el número creciente de edificios fuera de ordenación lo constituye ahora que toda la avenida de Anaga se encuentra también con este régimen. Excepto, eso sí, el nuevo inmueble conocido como El Mástil, que, no se sabe por qué razón, sí está contemplado en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz con sus alturas originales. Así lo ha denunciado la Plataforma en contra del planeamiento, que durante los últimos meses ha peinado la ciudad en busca de viviendas con esta catalogación. Por otro lado, la Plataforma considera muy importante que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se haya posicionado en contra de la prevista construcción de una gran torre en la capital Gran Canaria. La Sala Segunda del tribunal canario consideró que la construcción de este inmueble no respondía "a una finalidad de interés público, sino exclusivamente privado".

Un principio que consideran que se puede ajustar a la perfección a lo planificado en Santa Cruz donde se prevé la ubicación de varias torres de hasta quince alturas a lo largo de la ciudad en ámbitos que supuestamente ya estaban colmatados. La sentencia del TSJC ha venido a dar la razón a una asociación de vecinos de la capital grancanaria contra el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de detalle para la manzana comprendida entre las calles Mario César, Fernando Guanarteme y Cayetana Manrique. El edificio iba a tener una altura de 13 plantas y capacidad para albergar 400 viviendas.