01 de diciembre de 2017
01.12.2017

Novedades de la nueva ley de contratos del sector público

La Ley pretende facilitar la participación de las pymes en la contratación pública

01.12.2017 | 01:34

La nueva Ley de Contratos del Sector Público supone la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva comunitaria relativa a la adjudicación de los contratos de concesión y la Directiva sobre Contratación Pública, según la patronal de los empresarios (Ceoe) de la provincia. Entre las principales novedades se amplía el ámbito subjetivo de la Ley, al incluirse a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las empresariales, así como fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos. En cuanto a los procedimientos de contratación, se introduce el procedimiento denominado asociación para la innovación y el procedimiento abierto simplificado y, en línea con el objetivo de la Ley de lucha contra la corrupción, se contempla una nueva regulación de las prohibiciones de contratar que aumenta los casos de prohibición modificando la competencia, el procedimiento y los efectos de una declaración de este tipo, al tiempo que transpone las "medidas de autocorrección" de las directivas comunitarias. Además, se exigen certificados de gestión medioambiental a las empresas licitadoras.

Importante es que la Ley modifica el anterior criterio prioritario de adjudicación de la mejor oferta económica por el de la mejor relación calidad-precio, señalándose que en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales.

Por otro lado, se suprime la posibilidad de contratación sin publicidad, se da una nueva regulación a la figura del perfil del contratante, otorgándole un papel principal como instrumento de publicidad. Con relación al Registro de Contratos del Sector Público, será obligatoria la comunicación de los datos relativos a todos los contratos celebrados por un importe igual o superior a 5.000 euros.

Se incluyen novedades significativas en el pago del precio del contrato público. Entre ellas, se elimina la posibilidad de pactar entre las partes plazos de pago diferentes a los legales y se imposibilita que las Administraciones certifiquen las obras en más de 30 días.

La Ley pretende facilitar la participación de las pymes en la contratación pública. En este sentido, se obliga a dividir en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento; se rebajan las condiciones de solvencia técnica, con lo que las empresas de nueva creación no tendrán que acreditar trabajos anteriores con la Administración; se limitan las garantías exigibles por parte de las entidades del sector público que no sean Administraciones públicas, equiparándolas con el contemplado en la contratación de las Administraciones; y (iv) se limita la clasificación a 4 subgrupos.

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