16 de noviembre de 2017
16.11.2017

Una denuncia en Alemania respalda la querella por la trama de Puchita

La Fiscalía germana imputa a Iván Hernández y Óscar Saavedra los mismos delitos que los juzgados isleños en los casos Jesuman y Cerca

15.11.2017 | 23:26
Una denuncia en Alemania respalda la querella por la trama de Puchita

El juicio a los dueños de Jesuman será en un año

  • La causa principal contra los administradores de Comercial Jesuman ya tiene fecha. La sección segunda de la Audiencia provincial ha señalado que la vista oral se celebrará durante once sesiones en los meses de septiembre y octubre del año que viene. El juicio, en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, comenzará el 24 de septiembre y terminará el 10 de octubre, si se cumple el calendario previsto. En el banquillo se sentarán los tres hermanos Hernández Pérez, José Ignacio, José Manuel y Juan Jesús, administradores de Comercial Jesuman entre los años 2003 y 2008, los años en que se produjo la expansión a Gran Canaria bajo la marca Cerca, y la presunta estafa. Junto a ellos sentará Iván Hernández, hijo de uno de ellos y sobrino de los otros dos, que fue el encargado de llevar a cabo esa expansión. Las acusaciones particulares, que representan a proveedores a los que el grupo de alimentación dejó de pagar una cantidad que alcanza los 13 millones de euros, les acusan de estafa, insolvencia punible, estafa procesal, falsedad documental, apropiación indebida y delito societario, y piden penas de cárcel que van desde los 12 hasta los 24 años, además de una responsabilidad civil millonaria. La Fiscalía, por su parte, pide penas de cárcel que van desde 12 a los 17 años y la devolución de esos 13 millones de euros. El Ministerio fiscal sólo acusa por tres delitos: estafa, estafa agravada y alzamiento de bienes. Jesuman es uno de los mayores grupos de alimentación de Canarias, con cerca de 50 tiendas abiertas, así como sus propias marcas de productos, y con más de 1.500 empleados. La instrucción del caso se llevó a cabo por el Juzgado de instrucción número 1 de Las Palmas. En el escrito de acusación de la Fiscalía se describe que la expansión se hizo "con inequívoco ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito y sin riesgo alguno, ya que lo harían a costa de la mayoría de sus proveedores". Después de abrir varias superficies comerciales en Gran Canaria, en 2006 se procede al cierre, tras haber desviado los beneficios a otras sociedades, y las deudas con los proveedores quedan adscritas a esas sociedades que pertenecen a un entramado empresarial del que Jesuman se desvincula.

La denuncia ante la Justicia alemana de una empresa de ese país contra Iván Hernández y Óscar Saavedra coincide plenamente con los hechos denunciados en el Juzgado de instrucción número 2 de Arona, donde se investiga la gestión de las tiendas Puchita y la implicación del grupo de alimentación Jesuman. En el caso de Arona, la sección de investigación criminal de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife ha elaborado un informe en el que concluye que en la gestión de esos supermercados se pudieron cometer al menos cuatro delitos: administración desleal, insolvencia punible, apropiación indebida y falsedad documental. El informe describe la creación de un entramado de empresas, "una actividad de ingeniería societaria para ocultar sus verdaderos propietarios" a través del cual se desviaban los beneficios para usos ajenos a los fines de esas sociedades con el objetivo de descapitalizar la empresa matriz para no hacer frente a sus deudas. Es el mismo modus operandi que se investiga en el Juzgado de instrucción 1 de Las Palmas con los supermercados Cerca, un caso en el que la Fiscalía pide penas de hasta 17 años de cárcel, también para Iván Hernández y los tres administradores de Jesuman, por unos hechos muy similares.

En Arona, hay pruebas que evidencian que Hernández y Saavedra, principales imputados en el procedimiento, controlan todo el entramado societario. Una de las transacciones que se investiga es la compra de una fábrica de reciclaje de neumáticos en Alemania, en la localidad de Rossieben, por 2,3 millones, con los beneficios de las tiendas Cerca, el arrendamiento posterior de la fábrica y el cobro de los beneficios a través de una empresa chipriota que los vertía después en otra sociedad Invest food and tobacco, controladas or ellos mismos y que todavía sigue activa y operando en Canarias.

Esto, que aparece en el informe de la Guardia Civil, coincide con la denuncia de Ipro Productos Industriales, la empresa a la que se alquiló la nave. La Fiscalía de Mühlhasuen imputa a Iván Hernández y a Óscar Saavedra los delitos de falsedad documental, falso testimonio y estafa por ese contrato de alquiler. La nave pertenece a Tp Novofinanciera, según el Registro mercantil de la ciudad alemana aportado en la denuncia y TP Novofinanciera es una sociedad que pertenece al grupo Jesuman, tal y como reconoce un auto de la Audiencia provincial de Las Palmas en el procedimiento por estafa. Hernández y Saavedra firman el contrato en un hotel de Berlín, alquilando primero la nave a una sociedad

chipriota, Prevalior limited, que se la alquila a su vez a Ipro. Las fechas también son relevantes, puesto que el alquiler se produce en septiembre del año 2010, lo que demostraría que en esa fecha, tal y como recoge la denuncia en Arona y a su vez niega el propio Hernández, éste habría estado haciendo negocios en nombre de una sociedad del grupo Jesuman.

En el procedimiento de Alemania también está imputado un ciudadano alemán residente en Madrid, Dieter Dannert, por estos mismos hechos. La Fiscalía alemana solicitó hace dos años la averiguación del paradero de los tres, y ha archivado el caso de forma provisional porque no los ha encontrado. Según relata la querella de la Fiscalía, la empresa Ipro sufrió pérdidas considerables, que podrían haber alcanzado los 600.000 euros.

Concurso de acreedores

Por otro lado, Tp Novofinanciera estuvo sometida a un proceso concursal en el Juzgado de lo mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria que terminó el año pasado con la calificación de concurso culpable haciendo responsable de su administración a Iván Hernández y obligándole a pagar con su patrimonio el cien por cien de las deudas que los acreedores no puedan satisfacer a través de la liquidación de la empresa. También le condenan a inhabilitación para administrar bienes ajenos por un periodo de quince años. Ese concurso de acreedores no había sido notificado por Hernández en ninguno de los Juzgados donde se siguen procedimientos contra él y está involucrada esa sociedad, que también podría estar ocultando como bien la empresa de Alemania.

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