23 de diciembre de 2016
23.12.2016

La Audiencia Nacional condena al Estado a pagar 9,3 millones a DISA

El fallo reconoce los daños a la compañía por la fórmula de cálculo aprobada en 2009 para los precios de la bombona de gas licuado

23.12.2016 | 03:23
La Audiencia Nacional condena al Estado a pagar 9,3 millones a DISA

El Estado deberá abonar a la compañía canaria de distribución de productos energéticos DISA 9,3 millones de euros. La Audiencia Nacional condena al Gobierno de España a pagar esta cantidad para compensar los daños y perjuicios ocasionados a la compañía por la aplicación de la fórmula de cálculo para los precios máximos de la bombona de gas licuado del petróleo (GLP), aprobada mediante la orden de Industria, Turismo y Comercio 2608/2009 para proteger los intereses de los consumidores "ante la volatilidad de las cotizaciones internacionales del flete y la materia".

La sentencia, dada a conocer ayer por la compañía, también obliga al Estado a abonar los intereses de demora generados desde 2009, dado que en el cuarto trimestre de ese año comenzó a aplicarse el sistema de determinación automática de previos máximos de venta. Hasta el segundo trimestre de 2012 éste se mantuvo vigente, puesto que fue en junio de ese ejercicio cuando el Tribunal Supremo la anuló por considerarla contraria a la ley.

El Alto Tribunal entiende que esa fórmula ocasionaba "pérdidas" a las empresas operadoras del sector al producir "un desfase entre los costes incurridos e ingresos procedentes de la venta del producto al consumidor". Para este órgano judicial, además, no se garantizaba la recuperación de las pérdidas.

La Audiencia Nacional coincide con esta determinación del Supremo, ya que entiende que aunque el gas para el consumo doméstico es un sector regulado, el Estado debe tratar de alentar la iniciativa empresarial. Por ello, considera este principio "contradictorio" con la exigencia de que el suministro se haga a un precio que no cubre los costes a lo largo de períodos prolongados.

El pago de los intereses de demora supone para el Estado el abono de un millón de euros adicionales. No obstante, contra el fallo de la Audiencia Nacional, el Gobierno de España aún puede presentar un recurso de casación.

A través de un comunicado difundido ayer a los medios de comunicación, DISA señala que los argumentos utilizados en este litigio son muy parecidos a los que sustentan el recurso promovido por la compañía canaria contra la nueva orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (IET 389/2015, de 5 de mayo).

Este edicto regula el precio de venta del gas licuado del petróleo envasado, pero la empresa, que se constituyó el 27 de octubre de 1933, cree que una vez más el Estado ha establecido una fórmula de precios que no contempla los costes adicionales que soporta DISA en las Islas por ser una región ultraperiférica. Según sostiene la propia compañía de distribución de productos energéticos, la regulación actual acarrea a DISA Gas pérdidas anuales de tres millones de euros.

Por este motivo, la empresa ha recurrido esta orden y aspira a que se compense las pérdidas económicas que sufre. Asimismo, solicita que "de una vez por todas" se reconozca la singularidad del Archipiélago en una nueva y definitiva regulación de precios del GLP porque, tal y como indican en la nota de prensa, "esta situación no es sostenible en el tiempo".

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