20 de diciembre de 2016

Trabajo Social: "Las cuentas de 2017 no garantizan justicia social ni derechos"

Reclaman unos presupuestos "justos y solidarios" que atiendan la realidad social de Canarias, donde 280.000 personas carecen de ingresos

20.12.2016 | 14:00

El Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas y la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales creen que las cuentas canarias de 2017 no garantizan ni la justicia ni los derechos sociales de los 800.000 isleños que viven bajo el umbral de la pobreza.

Así lo han estimado este martes 20 de diciembre en una rueda de prensa ambos colectivos, que han reclamado unos presupuestos "justos y solidarios" que atiendan la realidad social de Canarias, donde 280.000 personas carecen de ingresos o perciben unos inferiores a los 332 euros mensuales y otras 260.000 no pueden hacer frente al menos a cuatro de los nueve conceptos de consumo básico.

A ello se suma el hecho de que el 20,8 % de la población con menos de 60 años viva en hogares con baja intensidad del empleo.

Para dar respuesta a estas realidades, el anteproyecto de ley de presupuestos de la comunidad canaria para 2017 destina 201 euros anuales por persona, el 6,7 % del total, para empleo, política social y vivienda, ha criticado la representante de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redescan), Koldobi Velasco.

Para acción social, el anteproyecto de ley consigna 302 millones, lo que se traduce en una inversión de 143 euros al año por persona, y 377 euros si sólo se repartiera directamente entre el colectivo que sufre situaciones de empobrecimiento.

Velasco ha precisado que sólo para atender la garantía de ingresos de los más necesitados, las cuentas sociales de 2017 deberían incrementarse en 300 millones de euros más, de ahí que considere que el reparto definitivo del Fdcan acordado ayer por el Consejo de Gobierno haya sido una nueva oportunidad perdida para destinar las partidas que corresponde gestionar al Ejecutivo regional a la financiación de necesidades básicas como la vivienda, la alimentación, el pago del agua o la garantía de una renta económica.

Estos colectivos también critican que para el próximo año se aumente en 39 millones de euros los pagos a empresas privadas, familias y ONG, lo que consideran que es un "síntoma del desmantelamiento del sistema público" de protección social.

Frente a ello, se recortan programas como el de prestaciones, prevención en política del menor y la familia, atención a la discapacidad o fomento del empleo.

Para la Prestación Canaria de Inserción se consignan 48 millones de euros, cuya distribución entre los potenciales beneficiarios implicaría 60 euros al año para cada uno de ellos.

Velasco ha comparado la cuantía de esta partida con los 40 millones que el Gobierno canario prevé destinar en 2017 a sus relaciones con los medios de comunicación.

También ha destacado que mientras que en 2016 los presupuestos concentraban en Sanidad y Acción Social su gasto social, que representaba el 47 % del total, de cara al nuevo ejercicio se ha incluido Justicia en este epígrafe, que supone el 49 % del gasto total, lo que dificulta conocer el incremento real de estas partidas.

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