16 de diciembre de 2016
16.12.2016

PP y PSOE suben el salario mínimo con el apoyo de los nacionalistas canarios

El Congreso avala los incrementos del Impuesto de Sociedades y de los tributos especiales

16.12.2016 | 03:51
PP y PSOE suben el salario mínimo con el apoyo de los nacionalistas canarios

El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer el decreto ley que incluye los cambios tributarios, principalmente en el Impuesto de Sociedades y los especiales para cumplir con el objetivo de déficit en 2017, así como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 8% para el próximo año, hasta los 707,6 euros, y el aumento del 3% de la base máxima de cotización.

La norma salió adelante con el apoyo del PP, el PSOE y los isleños de Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC) -Ana Oramas y Pedro Quevedo-, con los que el Gobierno de Mariano Rajoy negocia los presupuestos generales para el próximo año y que incluyen una batería de medidas de la agenda canaria. Frente a este apoyo se situaron, por un lado, las abstenciones de Ciudadanos, PNV, Esquerra Republicana (ERC) y UPN y, por otro, los votos en contra de Podemos-En Comú Podem-En Marea, PDECat y Foro Asturias.

El decreto incorpora un aumento del 3% de la base máxima de cotización y un incremento del 8% del SMI para el próximo ejercicio. Se trata de una subida pactada por el PP con el PSOE a cambio de apoyar el objetivo de déficit, con lo que se pasará de los 655,20 euros actuales a los 707,60 euros mensuales en 14 pagas. Esto es, la medida se traduce en un aumento de 52,4 euros.

Parte de los representantes empresariales de las Islas advierten que el incremento del SMI puede tener consecuencias que, a priori, no se han analizado con profundidad. El presidente de la CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, subrayó ayer que una subida de los salarios conllevará, en servicios muy básicos, un alza de los costes que pueden repercutir en los precios. Del mismo modo, expone que las empresas pueden trasladar ese incremento en las licitaciones que saquen a concurso las administraciones.

Alzas por productividad

El aumento del SMI lleva aparejado un incremento de la base de cotización a la Seguridad Social, por lo que la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, Salud Gil, apunta a que el trabajador pagará más por este concepto, por lo que "se puede dar la paradoja de que perciba menos dinero". Y aunque entiende que se trata de una medida "lógica" desde el punto de vista social, expone que hay índices como el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) que toman como referencia el SMI para conceder ayudas, becas, subvenciones o el acceso a la vivienda pública. "Si se sube, puede haber más gente que supere el límite y se quede sin poder aspirar a una vivienda", sostuvo.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, se mostró más crítico con la medida. A su juicio, las subidas generalizadas pueden ir en contra de la generación de empleo. Afirma que quiere que los sueldos crezcan, pero por la vía de la productividad y no mediante real decreto porque "las medidas de cara a la galería no suelen surtir efecto". No en vano, Manrique de Lara agregó que si el país quiere aspirar "a algo más que captar un puñado de votos con falsas promesas", es necesario que se trabaje sobre el origen de los mismos y no sobre los síntomas.

El decreto de medidas económicas urgentes incluye también como principales novedades la modificación del Impuesto de Sociedades -que tendrá un impacto de 4.655 millones- y el incremento de los llamados impuestos especiales del tabaco y el alcohol -con el que se recaudará 150 millones-. Así, la subida para los cigarrillos es del 2,5%, por debajo del alza del 6% que afecta a la picadura de liar. La carga fiscal sobre las bebidas alcohólicas, en cambio, aumenta un 5%.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó ayer que para alcanzar el objetivo de déficit del 3,1% en 2017, todavía quedan pendientes por aprobar otras iniciativas, como la creación de un impuesto a las bebidas azucaradas, que reportaría otros 200 millones, y la reforma en el ámbito de la imposición medioambiental para ingresar 500 millones más.

En total, el Gobierno de Mariano Rajoy busca con este decreto aumentar los ingresos públicos en unos 7.500 millones de euros para cumplir el techo de gasto público pactado con Bruselas y que obliga a un ajuste de 16.000 millones de euros. Montoro, en su defensa de las medidas, hizo hincapié en que las medidas en materia tributaria recogidas en el decreto buscan mejorar la recaudación de la forma "menos perjudicial" para el crecimiento y la creación del empleo.

Sin embargo, la mayoría de la oposición criticó la convalidación de estas medidas en el Congreso de los Diputados. Mientras que el socialista Julián López Milla argumentó el voto favorable de su partido porque el conjunto de acciones va en "la dirección correcta", pese a que aún esté pendiente una "revisión integral" del Impuesto de Sociedades", el diputado de Podemos Segundo González rechazó el decreto de cambios tributarios. Bajo su punto de vista, esta medida representa un conjunto de "parches" y una "ensalada aliñada al gusto del PSOE". González reprochó a Montoro que su política fiscal es una "chapuza" al tener que "enmendarse constantemente" por los cambios que va aprobando.

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