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Un lastre para la inversión y el empleo

21.10.2016 | 01:04

El 30 de septiembre de 2016, el Gobierno en funciones aprobó el adelanto del pago fraccionado a grandes empresas, a través del Real Decreto-ley 2/2016, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público. Esta medida, que de manera inmediata afecta ya a los pagos del mes de octubre y diciembre de este año, se ha implantado para garantizar el cumplimiento de los objetivos de déficit pactados con la Unión Europea, estableciendo de esta manera, un tipo mínimo del 23% (25% para bancos y empresas petrolíferas) en los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades de las empresas que facturan más de 10 millones de euros y con ello, elevar los ingresos de la Administración en unos 8.000 millones.

La implantación de esta disposición implicará que las empresas deban ingresar a las arcas públicas, entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre, una cantidad que podría suponer unos 24.000 millones de euros, conllevando a que las empresas financien al Estado a tipo cero, y asuman por tanto, la carga de la reducción del déficit. Y aunque CEOE-Tenerife aplaude que se respeten los objetivos marcados por Europa, desde siempre hemos demandado que para alcanzar su efectivo cumplimiento se acometan medidas que promuevan una política de gasto que de manera eficiente se destine prioritariamente al gasto productivo y reduzca, a su vez el gasto no eficiente.

Los problemas derivados de la implementación de esta medida podrían acentuarse en Canarias, donde existe un Régimen Fiscal diferenciado, que cuenta con un conjunto de incentivos dirigidos a incrementar la competitividad de nuestro tejido empresarial, para que de esta forma pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de empresas del territorio nacional.

Un conjunto de incentivos fiscales, cuya efectividad pudiera verse lastrada en caso de no consolidarse una enmienda con suficiente garantía jurídica que mitigue la afectación que supondría a las empresas canarias estos pagos a cuenta pudiendo desincentivar los proyectos de inversión previstos hasta la fecha, que gracias a incentivos tan potentes como la Reserva para inversiones en Canarias (RIC) y la Zona Especial Canarias (ZEC) se podrían llevar a cabo en nuestra región.

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