Los 65 procesados por las tarjetas de Bankia piden anular las pruebas

El expresidente de Caja Madrid devolvió ayer los 436.688 euros de su gasto personal Los abogados de Blesa, Rato y el resto de los acusados alegan una supuesta obtención ilegal de los datos que les incriminan

27.09.2016 | 01:14

Los 65 ex consejeros y ex directivos de Caja Madrid y Bankia procesados por el escándalo de la tarjetas de empresa opacas al fisco y con las que se financiaron gastos privados por un importe de 15,5 millones entre 1999 y 2012, intentaron forzar ayer, en la primera de las vistas del juicio, la anulación de las pruebas que obran contra ellos. Las peticiones de penas suman 180 años de prisión, a razón de uno a seis años por procesado, por supuestos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

Los acusados (los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato; exdirectivos y antiguos consejeros designados a propuesta de partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales) invocaron ayer la supuesta invalidez de los extractos en los que se registraron tanto los cargos por compras y pagos personales como joyas, viajes, comida, servicios de ocio o como las extracciones de dinero realizadas en cajeros automáticos.

Las defensas alegaron que la actual dirección de Bankia accedió a esa información de forma supuestamente ilegal, con vulneración de derechos fundamentales y de la legislación de protección de datos; negaron la autenticidad de los datos que aparecen registrados en una hoja Excel; adujeron carencia de legitimidad de Bankia y su accionista dominante actual (el fondo estatal FROB) para ejercer la acusación, y esgrimieron la supuesta prescripción de los hechos.

Todo ello porque, en su opinión, Caja Madrid era jurídicamente "distinta e independiente" de Bankia o BFA, a las que no reconocen como herederas legales de la extinta caja y que, por lo tanto, no pueden considerarse afectadas.

Con todo, los pagos realizados entre 1999 y 2003 ya fueron excluidos por este último motivo, por lo que en el macroproceso, que se desarrollará durante varios meses, sólo se juzga el uso de 12 de los 15,5 millones realmente disfrutados, y de los que sólo se ha devuelto el 14%.

Durante la sesión de ayer también intervinieron las acusaciones, entre ellas la de Bankia, que ha pedido que se evalúen una serie de correos electrónicos que evidenciarían que las tarjetas fueron emitidas fuera del circuito ordinario. Unas 1.400 páginas que demostrarían el supuesto descontrol en la concesión y uso de la tarjeras.

El fiscal del caso, Alejandro Luzón, ha solicitado al tribunal, compuesto además por los magistrados Teresa Palacios y Juan Francisco Martell, que admita como prueba los informes de gobierno corporativo de Caja Madrid de 2004 a 2010 así como los de Bankia, hasta 2012.

En declaraciones a los medios, el letrado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, que ejerce la acusación popular, ha tildado de "poco fundados" los alegatos de las defensas y ha explicado que las acusaciones particulares sí se han visto afectadas, ya que asumieron los gastos cargados por estos usuarios a sus tarjetas.

Miguel Blesa pese a demandar la nulidad del proceso -tras más de dos años de investigación por parte de la Audiencia Nacional- esgrimió en el inicio del mismo el recibo de la consignación de los 436.688 euros que gastó con su tarjeta black con el objeto de ver reducida su condena. Blesa presentó la pasada semana un escrito reclamando abonar esta cantidad y recibió el visto bueno del juez instructor de la causa, Fernando Andreu. Ayer mismo realizó el ingreso en la cuenta que para ello tienen habilitada el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El dinero aportado equivale a su gasto personal aunque la Fiscalía Anticorrupción -que pide para él una pena de seis años de prisión- solicita que indemnice a Bankia o el FROB por la totalidad gastada con las tarjetas durante su presidencia, 9,3 millones de euros.

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