Canarias volverá a pedir al Gobierno los 17 millones recaudados por las tasas judiciales

El consejero canario de Justicia hace referencia a la decisión del TC de declarar nulas por inconstitucionales las tasas impuestas a las personas jurídicas

01.08.2016 | 14:14
Aarón Afonso, consejero canario de Justicia.

El Gobierno de Canarias ha informado este lunes 1 de agosto de que volverá a reclamar al Gobierno estatal en la próxima Conferencia Sectorial de Justicia los 17 millones de euros recaudados en las Islas por la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales.

Así lo ha manifestado el consejero canario de Justicia, Aarón Afonso, al referirse a la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional (TC) de declarar nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas.

El consejero ha subrayado que esta ley "impidió que toda la ciudadanía pudiera defender sus derechos ante la justicia en igualdad de condiciones".

"La aplicación de la polémica Ley de Tasas Judiciales generó a las arcas del Estado 639 millones de euros, una recaudación que alcanzó más de 17 millones euros en Canarias y de los cuales no recibimos ni un solo euro", ha manifestado el consejero, quien ha opinado que las cantidades recaudadas por ese concepto "tenían que haber revertido a la justicia y, en concreto, a la justicia gratuita, algo que no ha sucedido".

La sentencia adoptada por unanimidad por el TC, que estima parcialmente el recurso presentado por el PSOE y que declara inconstitucionales las tasas aprobadas en noviembre de 2012, supone, a juicio del consejero socialista, "un varapalo a la política judicial del PP y a su burdo intento de privatizar la Justicia".

Las tasas judiciales aprobadas por el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón han producido, durante el tiempo que han estado en vigor, un efecto disuasorio en la ciudadanía a la hora de acudir a los tribunales de Justicia, ha referido.

Afonso ha recordado que el Gobierno de Canarias interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional al entender que la ley establecía unas tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que se consideran lesivas del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución Española.

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