Espacio jurídico

Comunidad de propietarios: cepos en plazas de garaje

28.05.2016 | 02:00

L as dificultades que hoy en día existen en las comunidades de propietarios para intentar hacer ver a los comuneros la necesidad de guardar las debidas normas de comportamiento y respeto entre los vecinos y de observancia de la propia normativa de Propiedad Horizontal está a la orden del día. La pregunta de si se puede instalar un cepo en la plaza de garaje en una comunidad de propietarios sin tener la autorización de la comunidad no es baladí. La recomendación es acudir al título constitutivo de la finca. Si la plaza de aparcamiento es un elemento privativo que tiene un coeficiente sobre el total del edificio, al igual que las viviendas y locales, no cabe duda de que el titular de cada cuota comunitaria tiene el uso exclusivo y excluyente de la plaza de aparcamiento que le asigna el título constitutivo. La duda se plantea en relación a si dicho uso y disfrute le permite realizar obras e instalaciones como si se tratara de un elemento privativo en régimen de propiedad horizontal. Por tanto, si el cepo se encuentra dentro de la líneas que delimitan su plaza de garaje se puede proceder a su instalación, salvo en el caso que el cepo hiciese imposible la maniobrabilidad a otro propietario para poder acceder o salir de su plaza de garaje, su instalación requiere para ello el correspondiente permiso. No está de más que se ponga en conocimiento de la Comunidad. Diferente es que se habla de cuotas indivisas: en este caso sí es necesaria la autorización de la comunidad de propietarios.

Debemos recordar que la Ley de Propiedad Horizontal permite a los propietarios de un elemento privativo hacer obras de conservación y de reforma siempre y cuando no perjudiquen a los demás propietarios ni a la comunidad y que no disminuyan la solidez ni la accesibilidad del inmueble ni alteren la configuración o el aspecto exterior del conjunto. Si la obra supone la alteración de elementos comunes, es preciso el acuerdo de la junta de propietarios. Por ejemplo: en caso de instalación de un punto de recarga individual de vehículo eléctrico, solo es preciso enviar a la presidencia o a la administración el proyecto técnico con treinta días de antelación al inicio de la obra y la certificación técnica correspondiente una vez finalizada la instalación. Dentro de este plazo la comunidad puede proponer una alternativa razonable y más adecuada a sus intereses generales. Si la instalación alternativa no se hace efectiva en el plazo de dos meses, el propietario interesado puede ejecutar la instalación que había proyectado inicialmente.

En todo caso, en el supuesto de que la comunidad de propietarios deniegue la instalación de un cepo, y nos encontremos con que aquellos titulares de inmuebles que poseen más de un vehículo y residen de forma habitual en la comunidad, tengan la insolidaridad de estacionar sus vehículos en aquellas plazas que ellos detecten que no son habitualmente utilizadas por sus reales propietarios ¿Qué solución existe?
Desde Mungua&Asociados se apunta a la vía que se contempla en el art. 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tanto para el caso de propietarios de inmuebles, o incluso inquilinos, que adopten estas medidas de invadir el derecho posesorio de los titulares de las plazas de garaje, o que estacionen sus vehículos en zonas de elementos comunes, consistente en acudir a los tribunales interponiendo una acción civil dirigida a obtener de una persona un no actuar o no comportarse de una manera concreta obteniendo, en su caso, del órgano judicial una resolución judicial en forma de sentencia que le compele al demandado a abstenerse en lo sucesivo de actuar en la forma que constaba en la demanda y que ha sido fijado en la sentencia. Si el condenado a no hacer alguna cosa quebrantare la sentencia, se le requerirá, para que deshaga lo mal hecho y, si fuere posible indemnice los daños y perjuicios causados, con la advertencia de que de persistir se abrirán unas diligencias penales por delito de desobediencia a la autoridad judicial. De lo que se trata con esta fórmula es de evitar que los comuneros entiendan que la comunidad dispone de herramientas legales para hacerles frente a su conducta insolidaria.

munguia@munguiaabogados.com

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