Hacienda localiza 30.685 construcciones sin declarar en la provincia tinerfeña

Los infractores deben pagar 194 euros de media en el siguiente recibo del IBI

07.05.2016 | 02:00

El Ministerio de Hacienda ha localizado 30.685 construcciones sin declarar en la provincia tinerfeña. El plan de regularización catastral que desarrolla el Estado ya tiene datos definitivos de los primeros 28 municipios en los que realizó un rastreo en busca de fraude en el levantamiento de edificaciones entre los años 2013 y 2015 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esto supone que un 8,5% de los inmuebles presentaban algún tipo de irregularidad del total analizado que asciende a 361.000 construcciones.

Los infractores deben pagar 194 euros de media en el siguiente recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tributo que queda fijado por cada municipio. Esto supone que la localización de estas irregularidades, que se realiza de forma aleatoria por parte del ministerio de Hacienda, supondrá el ingreso para los municipios de 5,9 millones de euros. El control se realiza a través de fotos aéreas e inspecciones a pie de calle.

El procedimiento de regularización catastral no pretende alterar en ningún caso el valor de los bienes declarados sino la incorporación al catastro de aquellos inmuebles y sus alteraciones que no figuren en él y que, por tanto, supongan un fraude fiscal inmobiliario al no coincidir la descripción del inmueble que figura inscrito en el catastro con la realidad.

Municipios

En la isla de Tenerife ya ha concluido el análisis de 25 municipios (Arafo, Arico, Arona, Buenavista del Norte, Candelaria, Fasnia, Garachico, Guía de Isora, Güímar, Icod de los Vinos, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, El Rosario, San Juan de la Rambla, San Miguel, Santa Úrsula, Santiago del Teide, El Sauzal, Los Silos, Tacoronte, El Tanque, Tegueste, La Victoria y Vilafor). Los otros tres municipios de la provincia de los que hasta este momento se tienen datos son las tres localidades de la isla de El Hierro (Frontera, Valverde y El Pinar).
La mayoría de los fraudes detectados corresponden con nuevas edificaciones. Es el caso del 47% de las infracciones, lo que supone 14.422 inmuebles. En este caso, el propietario tiene una casa y construye otra al lado, del tamaño que sea. El 34% de las irregularidades están relacionadas con ampliaciones de las propiedades lo que se ha llevado a cabo en 10.433 construcciones.

Un total de 4.603 propietarios han realizado obras que implican cambios en la estructura de los inmuebles. Esto se traduce en el 15% de los casos. La construcción de piscinas sin notificación a la hora de realizar la obra es un fraude que se produce en el 3% de las infracciones, lo que implica 921 obras irregulares.

Desde el ministerio de Hacienda se deja claro que la regularización catastral no implica una nueva revisión de valores catastrales. Los inmuebles regularizados se valoran con los valores vigentes en cada municipio hasta la fecha. No se trata de un procedimiento de valoración al uso, sino de un procedimiento de lucha contra el fraude para aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados. Es una decisión de cada Ayuntamiento que el Estado intervenga en los municipios algo que deben solicitar de forma expresa.

Si el propietario no ha declarado o lo ha hecho de manera incompleta o incorrecta, el Estado tiene la obligación de luchar contra esta modalidad de fraude, realizando las actuaciones de comprobación necesarias al objeto de incorporar y valorar aquellos actos, hechos o negocios susceptibles de originar una modificación en el catastro.

El plan de regularización se autofinancia. El infractor tiene que pagar una multa de 60 euros que según Hacienda no es una sanción sino una tasa para financiar los gastos del plan. Además, tendrá que abonar el IBI correspondiente a la construcción aflorada del año en curso y de los tres ejercicio anteriores.

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