Gascan debe devolver a Europa 846.495 euros al no hacer la planta de Granadilla

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a la empresa a reembolsar la ayuda de los fondos comunitarios por los retrasos para ejecutar la regasificadora

31.03.2016 | 01:29
Gascan debe devolver a Europa 846.495 euros al no hacer la planta de Granadilla

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obliga a la Compañía Transportista de Gas de Canarias (Gascan) a devolver a la Unión Europea una subvención de 846.495 euros por no ejecutar la regasificadora de Granadilla de Abona, en Tenerife.

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso interpuesto por la empresa contra la resolución del Ministerio de Hacienda, que exigió el reintegro de la ayuda procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), un instrumento financiero de la Comisión Europea (CE), ya que Gascan no ha acometido el proyecto.

La empresa, que hasta el año pasado también estaba participada por Endesa (47%) y el Gobierno canario (11%), había solicitado hace ocho años apoyo financiero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para construir una planta regasificadora en en Granadilla de Abona (Tenerife) y otra en Arinaga (Gran Canaria).

En principio, se le asignó una ayuda europea de hasta 50 millones de euros, pero los grandes retrasos que acumulan los dos proyectos (ninguno de los cuales ha comenzado a construirse) obligaron a ir modificando los planes de inversión y los expedientes de ayuda.

Finalmente, Gascán recibió solo una ayuda de algo menos de 900.000 euros para los gastos en los que había incurrido en los estudios, trámites y proyectos previos de la planta de Tenerife. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda consideró que el destino de esa ayuda no estaba conveniente justificado y, como se trataba de una subvención finalista, exigió su devolución.

Gascán impugnó su decisión ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, alegando que los proyectos de las plantas regasificadoras de Canarias no se han podido ejecutar por causas "totalmente ajenas" a la empresa y "solo imputables a las administraciones públicas".

El TSJM resuelve que, si el proyecto no ha sido ejecutado, la normativa que regula estas ayudas europeas obliga a devolverlas.

"Las circunstancias que hayan dado lugar a tal precisa devolución son discutidas entre las partes y podrán dar lugar a la correspondiente reclamación de la actora (Gascán) sí entiende y acredita que la pérdida de financiación es achacable a la actuación de la administración nacional, pero ello no puede obstar el mecanismo legal de reintegro de la ayuda", argumenta.

Pero Gascan deberá devolver otros 804.170 euros, según la sentencia del mismo tribunal, porque tampoco ha ejecutado la regasificadora de Arinaga, en Agüimes. Un proyecto que, de hecho, ha sido descartado por el actual Cabildo de Gran Canaria.

La planta de regasificación de gas natural licuado de Arinaga estaba incluida en el Programa Operativo Integrado de Canarias (POIC) 2000-2006. Sin embargo, el cambio en la disposición del emplazamiento inicial de la planta en el puerto de Arinaga precisó una nueva tramitación ante la Comisión Europea del proyecto y los sucesivos retrasos en la declaración de impacto ambiental y, en consecuencia, en las obras de ampliación del citado puerto, imposibilitaron realizar la actuación en dicha ubicación durante el periodo programado.

Lo mismo ocurrió con la planta de Granadilla, en Tenerife, cuya construcción paralizó el TSJM hace hoy justo un año, al anular la declaración de impacto medioambiental y la autorización administrativa.

La sentencia que afecta a la regasificadora de Arinaga, dictada el pasado 3 de febrero por el magistrado José Ramón Giménez, apunta que "las subvenciones son finalistas, por lo que su objetivo no es financiar actividades sino resultados, de modo que si no se ejecutan los proyectos por la razón que sea las ayudas deben devolverse". Además, se deben "rendir cuentas" a la Comisión Europea acerca del "correcto empleo" de tales fondos.

En octubre de 2013 Gascan se opuso a la orden de la CE de reintegrar la ayuda al alegar que los proyectos no se habían podido ejecutar "por causas totalmente ajenas" a la empresa y "sólo imputables a las administraciones públicas". Es más, Gascan sostiene que se "había cumplido el objetivo y realizado la actividad, así como los requisitos y condiciones de la ayuda Feder".

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