Canarias estudia autorizar los hoteles afectados por la segunda moratoria

El Gobierno analiza si conviene restituir los derechos urbanísticos para evitar las indemnizaciones a Lopesan

03.12.2015 | 00:15

El Gobierno de Canarias ha comenzado a analizar las primeras sentencias del Tribunal Supremo (TS) que le obligan a iniciar los trámites para indemnizar al Grupo Lopesan por las limitaciones impuestas a sus proyectos turísticos en Gran Canaria y Fuerteventura. Sobre la mesa de los servicios jurídicos regionales hay dos opciones: devolver los derechos de los terrenos afectados por la segunda moratoria o afrontar las compensaciones económicas previstas en la Ley de Medidas Urgentes sobre la Ordenación del Turismo, aseguró ayer el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS, con el voto particular del magistrado José Juan Suay Rincón, ha confirmado cinco sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condenan a la Administración a reclasificar el suelo y fijar las indemnizaciones procedentes. Ese procedimiento, que viene regulado en el artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes, establece un mecanismo para resarcir a los propietarios que tengan sus derechos urbanísticos bloqueados por la Ley de Directrices de 2003 (primera moratoria), siempre y cuando se trate de suelo urbano de uso turístico y que esos derechos de edificación estén consolidados.
Respaldo al TSJC

La fórmula consiste en reclasificar las parcelas como suelo rústico de protección territorial, "con la consecuente indemnización de los aprovechamientos edificatorios congelados por la moratoria", según establece el Supremo al confirmar las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso del TSJC.

Y eso, en síntesis, es lo que han hecho las empresas Hijos de Francisco López Sánchez SA, Dehesa de Jandía SA y Maspalomas Golf SA: acogerse a la ley promovida por el expresidente Paulino Rivero para reclamar compensaciones ante la imposibilidad de levantar los hoteles proyectados en el sur de Gran Canaria y Fuerteventura. La indemnización solicitada por esas tres empresas, que están vinculadas al Grupo Lopesan, asciende a 104 millones sin incluir los intereses, según las cinco resoluciones firmes que ratifican los argumentos de la Sala de Canarias.

El TSJC, con el magistrado Javier Varona como ponente, ha fallado a favor de Lopesan y de otras compañías al interpretar que el Gobierno de Canarias aceptaba la petición del empresario para reclasificar su suelo, pues la Administración no respondió en el plazo previsto y los jueces del tribunal canario consideran que ese silencio administrativo es positivo, es decir, favorable a los intereses del demandante. Esa es la opinión mayoritaria del Supremo, con la excepción de Suay, que abogó por estimar el recurso del Gobierno al interpretar que el silencio administrativo tiene efectos negativos.

Ambas posturas son estudiadas por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, que ayer se reunieron para articular una respuesta común a las indemnizaciones reclamadas. Clavijo, en ese sentido, opina que las sentencia contra la Ley de Medidas Urgentes "vienen a dar la razón a quienes pensábamos, desgraciadamente, que las cosas no se habían hecho bien y que la normativa planteaba inseguridad jurídica porque la moratoria no estaba cumpliendo con el estricto cumplimiento la ley", afirma el presidente.

Luego añadió que el Ejecutivo canario "tiene que afrontar ahora el análisis de esas sentencias para ver qué posibilidades hay, si por un lado se pueden restituir los derechos urbanísticos a los propietarios del suelo o si deben atenderse los derechos compensatorios", explicó.

No obstante, Clavijo puntualiza que la decisión del Supremo ha venido a "ratificar" una vez más la "necesidad de revisar la moratoria turística", y destacó que "para 2016 nos hemos puesto como tarea cerrar la nueva Ley de Ordenación del Territorio así como cerrar el modelo turístico y la ley de la moratoria, para clarificar cómo debe proceder la administración". El presidente añadió que "es preciso sentar las bases para que la administración actúe como debe, que es como un árbitro velando para que se cumplan las reglas del juego, y no como un jugador más".

No fue el único en pronunciarse sobre la decisión del Supremo. También lo hizo el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, quien avisa de que esas sentencias abren una vía "peligrosa" a las reclamaciones indemnizatorias. El portavoz parlamentario de NC responsabiliza a CC y al PP de aprobar una norma rechazada por su partido, la oposición en el Parlamento, las patronales turísticas, los sindicatos, los arquitectos, los ecologistas, los cabildos, los ayuntamientos y la fenecida Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible. Las consecuencias pueden ser tan relevantes, según avisa Rodríguez, que los grupos del Gobierno de Fernando Clavijo tratan de atajar esta situación con la enmienda 365 al proyecto de ley de los presupuestos de 2016 en tramitación.

Irresponsabilidad de CC y PP

La Ley de 2009 de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, continúa el presidente de NC, fue "la primera norma que rompió la tradicional unanimidad" de los grupos parlamentarios con las leyes relacionadas con el territorio, pues tanto la ley de espacios naturales de 1994 como la de ordenación del territorio de 1999 y la de Directrices de Ordenación General y del Turismo de 2003 fueron aprobadas "siempre por unanimidad, tras mucho debate, con una gran participación" ciudadana y "amplios consensos" de la sociedad, agrega.

Nueva Canarias, sin representación en la Cámara en 2009, se opuso a esta norma junto con los grupos de la oposición en el Parlamento. La ley, en su artículo 17, estableció la posibilidad de reclasificar parcelas a suelo rústico con la posibilidad de evaluar las indemnizaciones por los aprovechamientos edificatorios congelados. Ahora el Supremo "abre una vía peligrosa" a los particulares para solicitar esas indemnizaciones por una "doble irresponsabilidad" de CC y el PP, por el "contenido" del artículo 17 y por la "incapacidad" del Ejecutivo para gestionar el mismo.

Rodríguez, que fue presidente del Ejecutivo canario de 1999 a 2003, recuerda que la administración "no ha perdido ni ha tenido que pagar un euro" por las sentencias interpuestas contra la ley de medidas urgentes de 2001 y la de directrices de 2003.

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