Arranca la mesa de la reconciliación

Gobierno, empresarios y sindicatos recuperan el diálogo social

18.11.2015 | 02:00

La Administración autonómica, las patronales canarias y los dos sindicatos mayoritarios escenifican la recuperación del diálogo social. Tras el estancamiento de la pasada legislatura, el Ejecutivo regional y los agentes económicos y sociales retoman la VI concertación social con una simplificación de las mesas de trabajo -de ocho a tres-, el desarrollo de la Ley 10/2014 de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, la dotación de más fondos para la prevención de los riesgos laborales y la potenciación del Tribunal Laboral Canario.

El presidente Fernando Clavijo presidió ayer este reinicio del diálogo social junto a la vicepresidenta y consejera de Empleo, Patricia Hernández, y el consejero de Presidencia, Aarón Afonso. Empresarios y sindicatos no están satisfechos con los primeros presupuestos autonómicos elaborados por el actual Ejecutivo y por eso se marcan el objetivo de introducir enmiendas parciales en las cuentas para incrementar algunas partidas y que el presupuesto que se elabore para 2017 disponga la ficha financiera necesaria que plasme los acuerdos a los que se lleguen en los próximos meses.

Mesas de trabajo. En el último tramo de la legislatura anterior el Gobierno y los agentes sociales acordaron crear hasta ocho mesas de trabajo, sistema que se demostró inoperativo para avanzar. Estas mesas se reducen ahora a tres: protección social y empleo, sostenibilidad de los servicios públicos y participación institucional. Los representantes empresariales y sindicales demandan que en estas mesas se sienten los consejeros responsables por parte del Gobierno para que los acuerdos vinculen a la Administración y se doten de recursos. Entre las principales prioridades destaca la búsqueda de soluciones para paliar la situación de las miles de familias canarias que no cuentan con ningún tipo de ingreso.

Seguridad y salud laboral. Los agentes económicos y sociales advirtieron a los representantes del Gobierno que la estrategia canaria de seguridad y salud en el trabajo está insuficientemente dotada en el presupuesto autonómico, con 700.000 euros en vez de un millón de euros, que era el compromiso inicial. Por ello pidieron que se eleve la partida a través de una enmienda parcial para que se garantice la prevención de los riesgos laborales y la formación de los delegados de prevención en los centros de trabajo.

Ley de Participación. Cerca de un año después de su aprobación en el Parlamento, el Gobierno no ha desarrollado el reglamento al que se comprometió para hacer efectiva la incorporación, por ejemplo, de sindicatos y empresarios a los consejos de administración de las empresas públicas dependientes de la Comunidad Autónoma. El Ejecutivo se ha comprometido a impulsar el reglamento en las próximas semanas junto a los agentes sociales.

Tribunal Laboral Canario. Lo que sí contemplan los presupuestos del próximo año es la cobertura suficiente para pagar a los árbitros del Tribunal Laboral Canario y, de esta forma, afianzar la solución extrajudicial de los conflictos laborales y evitar que sea la Administración de Justicia la que termine resolviendo este tipo de asuntos, lo que supone más lentitud en los procedimientos laborales.

El secretario general de UGT, Gustavo Santana, valoró la predisposición del Gobierno y espera que en ocho o diez meses haya acuerdos concretos para llevarlos al presupuesto de 2017. El secretario general de la patronal de Las Palmas, José Cristóbal García, abogó por una redefinición de las políticas activas de empleo y avanzar en los aspectos que quedaron estancados en la anterior legislatura. Por su parte, el secretario general de CCOO, Carmelo Jorge, hizo especial hincapié en que la concertación social debe servir para buscar fórmulas y recursos para la protección social de los parados.

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