El TS sentencia a Unelco a pagar dos millones de multa por el apagón de 2009 en La Palma

El Tribunal Supremo considera adecuado calificar la infracción como grave en lugar de muy grave

17.11.2015 | 14:00

La compañía Unión Eléctrica de Canarias, Unelco, deberá pagar una multa de dos millones de euros por el apagón que durante más de cinco horas del 23 de septiembre de 2009 afectó a unos 46.000 usuarios de esa empresa en La Palma, según una sentencia del Tribunal Supremo.

El fallo del Tribunal Supremo se produce al rechazar los recursos que tanto Unelco como el Gobierno de Canarias habían presentado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había condenado a la compañía eléctrica.

El Gobierno de Canarias había impuesto a la eléctrica una multa de seis millones de euros por una infracción muy grave, que fue recurrida por Unelco.

El Tribunal Supremo indica en la sentencia que la causa de la interrupción del suministro fue un error humano, de difícil previsibilidad, y afectó a la totalidad de La Palma con más de 46.000 usuarios sin que se haya determinado la existencia de daños o perjuicios individualizados.

En cuanto a la duración de la falta de suministro señala que fue muy prolongada, más de cinco horas para la totalidad de la isla, y agrega que lo más adecuado es calificar la infracción como grave en lugar de muy grave y corrigiendo la sanción para imponerla en el tramo inferior de la sanción prevista, esto es de dos millones de euros.

Añade un precedente invocado en la demanda en que una interrupción de suministro en Lanzarote y Fuerteventura, que afectó a 129.000 usuarios, de similar duración aunque en otras horas de noche y madrugada, fue calificada por la administración autonómica con una multa de dos millones de euros.

También se dice en la sentencia que del relato de los hechos aceptados por la empresa no concurren causas que justifiquen la interrupción del suministro.

Agrega que es claro que no se trata de un supuesto de fuerza mayor, ni de una interrupción programada, y tratándose de un error humano, con independencia de la cualificación profesional de su autor, resulta directamente atribuible a la entidad para que la presta su servicio.

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