El Gobierno de Canarias acelera la implantación de 18 parques eólicos

El Ejecutivo reduce a la mitad los plazos administrativos para la puesta en marcha de dos instalaciones en Tenerife, once en Gran Canaria y cinco en Fuerteventura

06.11.2015 | 02:00

El Gobierno de Canarias acelera la implantación de 18 parques eólicos. El Ejecutivo acordó ayer la declaración de interés estratégico para el Archipiélago de estas instalaciones, por lo que se reducirán a la mitad los plazos administrativos para su puesta en marcha.
El Consejo de Gobierno dio luz verde a 18 proyectos de aerogeneración, de los que once están situados en Gran Canaria, cinco en Fuerteventura y dos en Tenerife.

Se da la circunstancia de que el 31 de diciembre se cierra el cupo en el que deben inscribirse los parques que quieran acceder a la retribución específica para Canarias de 86 euros por megavatio hora. Por tanto, el tiempo apremia. Los proyectos necesitan contar con declaración de impacto ambiental positiva antes de que acabe el año.

Los que no estén inscritos en el cupo para entonces se quedarán fuera y tendrán que acudir a una subasta. Pese a la intención del Ejecutivo canario de acortar los plazos, los promotores eólicos de las Islas advierten de que difícilmente se van a implantar muchos de los parques previstos.

Con todo, la inminencia de las elecciones generales abre la posibilidad de negociar con el nuevo Gobierno central que surja otro aplazamiento para que todos los parques tengan derecho a la retribución específica hasta copar los 450 megavatios aprobados para Canarias por el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria.

El Gobierno regional considera que la energía eólica es "fundamental para el desarrollo sostenible" del Archipiélago, según explicó ayer la consejera de Obras Públicas y Transportes, Ornella Chacón.

El Ejecutivo atiende así la propuesta del Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos que se reunió el 26 de octubre. En concreto, del conjunto de parques a los que se ha dado el visto bueno, cinco se ubican en Agüimes (Balcón de Balos, Vientos del Roque, Tiscamanita, Haría y Ajui), tres en Santa Lucía (Camino de la Madera, Los Nicolases y El Tabaibal) y otros tres en Telde (La Sal, La Sal II y La Sal III).
En la isla majorera se construirán en La Oliva los parques Fuerteventura Renovable I, Renovable II y Renovable III, aparte del parque Rosa Catalina García en Tuineje y el Proyecto Alisio en Pájara. Las dos actuaciones que corresponden a Tenerife se llevarán a cabo en Arico y se trata de los parques Finca San Juan e Icor.

Chacón recordó que la Ley sobre Tramitación Preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias fue aprobada con el objetivo de agilizar la tramitación en las administraciones públicas de los expedientes relacionados con iniciativas y proyectos de inversión que sean declarados de interés estratégico por parte del Gobierno canario.

Para ello, los proyectos deben tener una especial relevancia "para el desarrollo social y económico de las Islas". En esta línea, aspectos como el impacto sobre la economía, especialmente en la generación de empleo; la capacidad para movilizar inversión privada interna o externa, o la repercusión en sectores como el turismo, las energías, la industria, la innovación, el tratamiento y reciclado de residuos, la internacionalización, entre otros, constituyen criterios sobre los que apoyar la declaración de una inversión como de interés estratégico para Canarias.

La ley contempla que estos proyectos pasarán a ser tramitados en la mitad de tiempo en los procedimientos administrativos previstos en la normativa de cualquier institución canaria, salvo en los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, los procesos de concurrencia competitiva y los de naturaleza fiscal.

Además, en la tramitación, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, cuando tenga por objeto exclusivo obras e instalaciones de inversiones declaradas de interés estratégico, los plazos también se reducirán a la mitad.

Asimismo, se disminuyen los plazos para otorgar cualquier licencia necesaria para la ejecución, apertura o funcionamiento de las obras e instalaciones, salvo en las que la normativa estatal lo impida. De igual manera ocurrirá con los tiempos establecidos para los procedimientos medioambientales.

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