Propuestas de ahorro

Hacienda pide a altos cargos públicos que viajen en turista

También propone otras medidas de ahorro a los máximos responsables, como utilizar el transporte público

20.08.2015 | 13:38

El Ministerio de Hacienda ha pedido a los altos directivos del sector público estatal que utilicen, con carácter general, el transporte público en los desplazamientos, salvo que el uso del vehículo particular constituya la alternativa más económica.

En una orden publicada hoy por el Boletín Oficial del Estado (BOE), Hacienda también solicita que se tenga en cuenta el uso de la tarifa turista tanto en los desplazamientos de avión y tren, "salvo casos excepcionales justificados por razón de la distancia del lugar de destino, la duración del desplazamiento o supuestos análogos".

La orden recoge el régimen de compensación de los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención de los máximos responsables y directivos con contratos mercantiles o de alta dirección en el sector público, así como criterios de buena gestión con normas que se ajustan a principios de austeridad en el gasto, "imprescindibles en el actual contexto de restricciones presupuestarias".

Así, Hacienda también aboga por la planificación y gestión anticipada de billetes, que permita obtener mejores precios, o por la emisión de billetes por procedimientos que permitan optimizar costes.

El Ministerio pide a los altos cargos la utilización preferente de medios tecnológicos alternativos a las reuniones y desplazamientos como audio conferencias o videoconferencias, así como evitar desplazamientos innecesarios de equipos de trabajo.

Además, defiende la fijación de criterios temporales "estrictos" para el inicio y finalización del servicio, que eviten antelaciones o prolongaciones "injustificadas" de estancia en destino.

Asimismo, pide el uso de los hoteles que se incluyan en el contrato suscrito de firma centralizada por la Administración General del Estado o, en su caso, por el Ministerio de adscripción.

La orden entra en vigor a partir de mañana, si bien las entidades del sector público disponen de dos meses para adaptar sus normas y directrices internas a lo previsto en ella.

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