La Audiencia Nacional declara nulo el ERE de Coca-Cola que llevó a despedir a 821 personas

La Audiencia ordena readmitir a 821 trabajadores l Los sindicatos reclaman otra negociación y la empresa recurre

13.06.2014 | 23:15

La Audiencia Nacional ha declarado nulo el recorte de empleo que, mediante despidos forzosos, bajas incentivadas y prejubilaciones, acometió Coca-Cola Iberian Partners, embotellado único del refresco estadounidense en España, dentro de un proceso de ajuste que supuso el cierre de cuatro fábricas. La sentencia determina que la compañía no informó adecuadamente a los representantes de los trabajadores y que, además, incurrió en prácticas de "esquirolaje" durante las movilizaciones de la plantilla. El tribunal ordena readmitir a 821 personas, incluidos quienes dejaron la empresa aceptando las ofertas de indemnizaciones y prejubilaciones que formuló Coca-Cola Iberian Partners.

La Audiencia Nacional estima las demandas de UGT, CCOO y CSIF y abre una situación nueva e incierta, según reconocieron medios empresariales y sindicales, sobre la situación de los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE). El fallo considera nulo el despido colectivo que finalmente afectó a 821 personas por tres vías: 323 prejubilaciones y 262 bajas incentivadas firmadas durante un período de aceptación "voluntaria" y 236 despidos forzosos (la mayoría de la planta madrileña de Fuenlabrada).

Un total de 327 trabajadores firmaron traslados a otras fábricas pero el fallo de la Audiencia se limita a anular el "despido colectivo" y no alcanza a los traslados. No obstante, esta parte del ajuste también será juzgada por la Audiencia Nacional el día 23 junio, a raíz de otra demanda sindical en la que se denuncian que los trabajadores fueron coaccionados a aceptar su reubicación en otras plantas, a menudo en condiciones económicas desfavorables. En línea con la doctrina que están aplicando los tribunales españoles al enjuiciar los ERE, los magistrados entienden que Coca-Cola Iberian Partners incumplió la obligación de informar de modo suficiente durante la negociación acerca de las causas alegadas para reestructurar la empresa y reducir la plantilla.

Pero sobre todo, el fallo ataca la forma en que se condujo el grupo tras su constitución a partir de la integración de las ocho sociedades que, por separado, embotellaban en España los productos de la multinacional estadounidense. El tribunal reprocha al embotellador único que no informara de ese proceso a los representantes de los trabajadores, "que se encontraron sorpresivamente dicho cambio al ser convocados para negociar el despido colectivo, a pesar de mantenerse de alta cada uno para su empresa respectiva". A renglón seguido, la Audiencia censura: "Se ha producido, por tanto, un completo y manifiesto incumplimiento de las obligaciones de información, consulta y negociación en el supuesto de cambio de titularidad de la empresa". Y añade que ese proceder "no puede en modo alguno considerarse conforme con una mínima exigencia de buena fe negocial. Concurre por ello causa de nulidad del despido colectivo".

La sentencia acepta otro de los argumentos sindicales y anula también los despidos por "la desactivación ilícita del derecho a la huelga de los trabajadores a través del esquirolaje", en alusión a la decisión de Coca-Cola Iberian Partners de reforzar la producción en otras plantas para contrarrestar el efecto de la huelga en Fuenlabrada.

El fallo ordena la readmisión de 821 personas y el abono de los salarios dejados de percibir, pero abre paso a un escenario complejo. Los sindicatos UGT y CCOO han demandado una reincorporación "inmediata" y emplazado a Coca-Cola Iberian Partners a abrir otra negociación. La central ugetista habló de un proceso "en el que el empleo no se vea afectado". El fallo además deja en el aire la situación de los trabajadores que firmaron prejubilaciones (a partir de 56 años, con el 80% del salario neto) o despidos indemnizados con cantidades superiores a las marcadas por la ley (45 días de salario por año trabajado y un plus de 10.000 euros).

La dirección de la multinacional Coca-Cola en España anunció que la empresa embotelladora recurrirá ante el Tribunal Supremo una sentencia que, argumentó, supone la "innecesaria prolongación" del proceso de reestructuración. Añade que se provoca una situación de "incertidumbre" en los trabajadores que se acogieron a prejubilaciones y bajas incentivadas. "Más allá de la calificación jurídica y de la valoración que hagan los sindicatos, hay que plantearse si esta sentencia no acabará perjudicando a los intereses de los trabajadores", subraya Coca-Cola.

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