La Ley de Prestación incorpora a 3.000 personas en riesgo exclusión

La Ley vigente incluye ahora a personas socialmente insertadas y en muchos casos con formación básica, pero que han perdido su empleo y no tienen ingresos

29.08.2013 | 16:29

El Consejo de Gobierno de Canarias inició este jueves los trámites para modificar la Ley de Prestación Canaria de Inserción, cambio con el que se pretende incluir a unas 3.000 personas en riesgo de exclusión social en la percepción de esta ayuda básica de subsistencia.

La Ley vigente está prevista únicamente para personas que ya están efectivamente en situación de exclusión social y de difícil inserción laboral.

Pero el perfil de los solicitantes ha cambiado con la crisis e incluye ahora a personas socialmente insertadas y en muchos casos con formación básica, pero que al haber perdido su empleo y no tener ingresos están en riesgo de exclusión social.

El objetivo de este cambio es que quienes están aún solamente en situación de riesgo porque han perdido su empleo y no perciben otros subsidios puedan acceder a la ayuda, explicó la consejera de Asuntos Sociales, Inés Rojas, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Rojas explicó que en 2012 y 2013 ha habido unas 8.800 solicitudes para acceder a la prestación canaria de inserción, de las cuales entre 2.000 y 3.000 no cumplen con el perfil previsto en la ley y a los que se pretende incorporar ahora.

Para ello, el presupuesto destinado a esta prestación se ampliará en 1,5 millones de euros en 2013, hasta un total de 19 millones de euros, y tanto en 2014 como en 2015 la ampliación alcanzará los cinco millones de euros más.

Desde que se puso en marcha esta prestación, 18.000 familias se han beneficiado y la modificación de la ley para ampliar el número de perceptores forma parte de la estrategia canaria contra la pobreza aprobada en julio pasado, dijo Inés Rojas.

Se calcula que en Canarias hay 120.000 hogares con todos sus miembros en paro y en 38.000 de esas familias no hay ingresos conocidos, dijo la consejera.

Inés Rojas dijo que se dará prioridad a las familias monoparentales con menores a su cargo, dado que el perfil del solicitante corresponde en un 87 por ciento de los casos a mujeres solas con hijos.

El cambio de la ley también incluirá modificaciones en la tramitación de los expedientes, para que el plazo actual de resolución de nueve meses se reduzca a la mitad.

El Consejo de Gobierno aprobó en la reunión de hoy la lista de evaluación, trámite previo a la aprobación del proyecto de ley que se calcula que llegue al Parlamento para su aprobación hacia mediados de octubre.

Inés Rojas anunció además que el Gobierno de Canarias sigue adelante con su intención de aprobar el proyecto de ley de modificación de la Ley de Vivienda tal y como se había anunciado.

El cambio legal incluye la posibilidad de eventuales expropiaciones temporales en el uso de las casas a los bancos en el caso de desahucios.

Esa medida ya había sido aprobada en Andalucía, pero fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, lo que paralizó su aplicación en esa comunidad.

En el caso de Canarias, la consejera dijo que las eventuales adaptaciones que se decidan en función de ese recurso del Gobierno central contra el decreto andaluz se introducirán en su caso durante el trámite parlamentario, para no retrasar más la entrada en vigor de la modificación de la Ley de Vivienda.

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