Los jueces isleños frenan los despidos más baratos de la reforma laboral

Los trabajadores afectados por ERE crecieron un 85% entre enero y junio

28.08.2013 | 23:22

Mientras en el conjunto de España los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) se redujeron un 15% en el primer semestre de este año, en Canarias se dispararon un 85%. Según fuentes judiciales consultadas, estas fluctuaciones no marcan una tendencia. Las cifras están influidas por la concentración de resoluciones en un periodo de tiempo determinado y por el tamaño de las empresas sobre las que se emiten. Es más, Ramón Toubes, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), considera que la aplicación que están haciendo los jueces de la reforma laboral frena buena parte de los ERE presentados por las empresas en el Archipiélago y mitiga los efectos de la reforma laboral.

"Lo que pretendía el Parlamento es que los jueces tuvieran menos capacidad de maniobra y en el momento en que hubiera pérdidas o incluso expectativas de pérdidas se declarara que la extinción era justificada" explicó ayer Toubes. Esa restricción aplicada por la judicatura a la interpretación de la norma en las Islas pasa por dos pilares principales: dar protagonismo a la negociación entre empresa y trabajadores, y obligar al cumplimiento de un criterio de razonabilidad –o proporcionalidad– entre las pérdidas de la empresa y el número de despidos que esta plantea.

Los efectos que los expedientes de regulación de empleo tienen sobre las plantillas de trabajadores son de tres tipos: despidos, suspensiones temporales de empleo (y sueldo) y reducciones de jornada, estas últimas también sujetas a un recorte en la nómina.

Entre enero y junio de los últimos tres años, el número de trabajadores afectados en cada una de las modalidades ha variado sin un criterio predominante. La extinción de la relación laboral –despido– dejó sin empleo a 1.581 trabajadores en la primera mitad del año 2011, cantidad que bajó hasta los 791 empleados el pasado año para repuntar hasta los 1.124 en el presente ejercicio.

Las suspensiones temporales de empleo afectaron en el primer semestre de 2012, cuando entró de facto en vigor la reforma vía real decreto, a 1.370 ciudadanos, también una cifra menor a los 1.419 del mismo periodo de un año antes. Entre enero y junio de este año la cantidad se ha disparado hasta los 3.514 trabajadores. Mientras, las reducciones de jornada son la única vía de afección que ha ido creciendo de forma sostenida; 329 afectados en los seis primeros meses de 2011; 1.087, en igual periodo de 2012, y 1.371, en 2013.

Estos despidos colectivos, que permiten a la empresa prescindir de buena parte de su plantilla abonando solo 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, ya eran aplicables antes de entrar en vigor la reforma laboral. La diferencia que sí consagra dicha norma, que con rango de ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 7 de julio de 2012, es la de evitar el sometimiento del ERE al juicio de la autoridad laboral; en el caso del Archipiélago, la Dirección General de Trabajo del Ejecutivo autónomo.

Prescindir de la obligatoriedad de la autorización administrativa para la aplicación del ERE es lo que ha llevado a considerar "fundamental la fase de consultas", según explicó Ramón Toubes. "No vale solo con decir vamos a despedir a 50 y que no haya ningún tipo de negociación", continuó el magistrado de la Sala de lo Social. De lo contrario, el ERE se considerará nulo. Es decir, los jueces en las Islas entienden que ha de cumplirse el "deber de buena fe", tienen que existir "propuestas y contrapropuestas", porque también Toubes dejó claro que la representación sindical está obligada a entrar en la negociación. Ningún tribunal va a paralizar un ERE simplemente porque los trabajadores estimen que no procede su presentación.

El segundo principio valorado por la Justicia en sus fallos sobre la reforma laboral es el de "razonabilidad". Según este, pueden constatarse sin ningún genero de dudas pérdidas millonarias en una empresa, pero eso no habilita para que si la plantilla "es de mil trabajadores, se despida a 900, tendrá que ser algo razonable", aclaró Toubes.

Por su parte, el secretario general de UGT-Canarias, Gustavo Santana, explicó que parte de los ERE se resuelven de forma favorable a la empresa por la "escasa presencia sindical" en muchas de ellas. "Se están aprovechando de esa ausencia", afirmó para describir un panorama en el que la falta de órganos que informen a los trabajadores de sus derechos redunda en un incremento de los despidos colectivos con resultado positivo para la empresa. Otro factor es el miedo que, según Santana, llevaría a muchos trabajadores a aceptar cambios en la relación laboral con la empresa por temor a perder el empleo.

En cualquier caso, el magistrado Ramón Toubes consideró que la doctrina aplicada hasta ahora por el colectivo de jueces ha provocado que "la reforma no haya conseguido lo que pretendía".

En buena parte, según reconoce el integrante de la Sala de lo Social del TSJC, porque hasta la fecha el órgano superior que ha emitido sentencias es la Audiencia Nacional (AN), que ha optado por esa interpretación de la ley. "Están a punto de salir las primeras sentencias del Tribunal Supremo (TS), que fijarán el criterio que tendremos que seguir todos. De momento, lo está haciendo la AN y está siendo muy restrictiva", afirmó el magistrado.

Báñez: "La ley evita destrucción de empleo"

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, comparece hoy en la Comisión correspondiente del Congreso para hacer un balance sobre los resultados de la reforma laboral en su primer año de vigencia. El pasado 2 de agosto, el Consejo de Ministros ya analizó el informe de evaluación de impacto de la reforma laboral que el Gobierno envió a Bruselas y entonces la ministra destacó que ha contribuido a evitar la destrucción de más de 225.000 puestos de trabajo.

Según dicho informe, los datos son positivos, ya que por primera vez durante la crisis un mayor deterioro del PIB no se ha traducido en la aceleración del ritmo de destrucción de empleo y en el futuro la economía creará empleo a partir de menores tasas de crecimiento.

Así, el informe de Empleo apunta que se podrá generar empleo a partir de un crecimiento de entre el 1 % y el 1,2 % frente al 2 % como mínimo requerido antes de la reforma. En la rueda de prensa posterior a ese Consejo, Báñez indicó que la temporalidad ha pasado de una tasa del 25 % en el último trimestre de 2012 al 23,1 % del segundo de 2013. Respecto a la flexibilidad interna la ministra apuntó que el 27 % de las empresas de más de 50 trabajadores han modificado salarios y han reducido jornadas (han subido el 50 %) como alternativa al despido, y subrayó que entre enero y junio han crecido en 23.000 los afiliados al régimen de autónomos.

Fátima Báñez deberá también posicionarse sobre las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha pedido para España recortes salariales de hasta el 10 % en los próximos años, o de la CEOE, que aboga por una mayor flexibilidad en materia de contratación.

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