Juan Luis Lorenzo: ´La maraña legislativa es la mejor aliada de la corrupción´

04.08.2013 | 02:20
El presidente de la Concap, Juan Luis Lorenzo, en su despacho durante la entrevista.
El presidente de la Concap, Juan Luis Lorenzo, en su despacho durante la entrevista.

"La moratoria turística ha sido un error que debería resolverse lo antes posible", afirma el presidente de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (Concap)

Juan Luis Lorenzo es presidente de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (Concap) y miembro del Consejo de Administración de Gestión de Aguas de Tenerife SL. No tiene pelos en la lengua para criticar lo que los políticos hacen mal, pero tampoco le duelen prendas en reconocer los logros. Por encima de todo: la defensa de los empresarios canarios que crean riqueza para las Islas. En su empresa se amontonan excavadoras y otra maquinaria que en otros tiempos picaban las rocas canarias para edificar. Ahora están todas vendidas a empresas que trabajan en Latinoamérica.
–El sector de la construcción no atraviesa por el mejor momento desde hace ya unos cinco años, pero ¿cómo se encuentra el sector en lo que a obra civil se refiere?
–Es el sector más castigado en esta crisis y, en lo que se refiere a esta provincia, me atrevería a decir que no queda ni el 10% de las empresas que había. La situación no es mala, es catastrófica. Entre 2007 y 2012, la construcción cayó un 92%. Y hay que añadir el nulo apoyo de instituciones como el Cabildo o algunos ayuntamientos que no se preocupan por cuidar el tejido empresarial de su municipio. Hay de todo. Esto nos ha llevado a la situación tan grave en la que están las empresas de la construcción en la provincia tinerfeña
–¿Cómo valora la actuación de los políticos en las administraciones públicas entonces?
–Los políticos en general, porque hay políticos y políticos, no lo están haciendo nada bien. El Cabildo de Tenerife tiene mucho que decir en este asunto por la política que ha desarrollado y, en especial, quien la ha dirigido en los últimos años (Ricardo Melchior), que es lo peor que ha habido para las empresas canarias en la Isla. El Cabildo de Tenerife siempre ha mirado más para fuera, y cuanto más lejos mejor, para adjudicar obras. Luego, las empresas foráneas que ganan los concursos subcontratan con empresas locales, pero las clasificaciones que son necesarias para concurrir a otros concursos con la administración se las llevan las empresas de fuera, con lo que se le niega la posibilidad de que concurran empresas de aquí a otros concursos públicos. Y eso que está comprobado que las empresas foráneas dejan sin finalizar el 15% de las obras y muchas veces acuden a concursos con bajas temerarias.
–Ricardo Melchior ha anunciado que se marcha en septiembre ¿Cree que la situación de la que se queja cambiará con su sucesor?
–Desde luego que los empresarios que formamos parte de la Concap así lo deseamos. Creo que el que venga a ocupar la presidencia del Cabildo tiene que plantearse muy bien un cambio en la política que se ha llevado a cabo en este sentido hasta la fecha.
–Pero Coalición Canaria asegura que defiende a las empresas de aquí y aboga por que en la medida de lo posible se prioricen las contrataciones de canarios ¿No es así?
–Eso es lo que dice Coalición Canaria, ese ha sido su discurso, pero puedo decir que muchos empresarios canarios opinamos que algunos de los dirigentes políticos de esa formación con cargos de responsabilidad en determinadas instituciones han hecho justo lo contrario. Coalición Canaria, siendo un partido que se dice nacionalista, hace totalmente lo contrario a lo que significa esa posición ideológica. Y le puedo poner ejemplos.
–Adelante, ponga ejemplos.
–El último concurso para el transporte de la señal de la Radiotelevisión Canaria, que está hecho a medida para que lo gane una empresa multinacional que todos conocemos y a la que se entregará un beneficio absolutamente desmedido. Se ha hecho el concurso para un servicio durante cuatro años y, según los informes que tenemos, no debería sobrepasar nunca los tres millones de euros. Sin embargo, se convoca por 13 millones y se convoca con llamativa discreción y tanta premura que ninguna empresa canaria ni nacional ha podido acudir en el plazo. Es un traje hecho a medida y con el mejor sastre para que la empresa actual mantenga el servicio. Esto es responsabilidad absoluta del presidente del Gobierno canario, que es quien lo ha hecho o lo ha mandado a hacer. Por lo tanto, lo que pregona el señor (Paulino) Rivero de que los trabajos deben ser para los canarios, no se sostiene sino en su discurso porque, cuando tiene que actuar de verdad, hace lo contrario. Así de claro lo digo y este concurso lo llevaremos a los tribunales porque no puede quedar así de ninguna de las maneras. Es un concurso para cuatro años, pero sabemos que está preparado para que se prorrogue otros dos más.
–Volviendo a la construcción. El consumo de áridos ha experimentado un descenso muy acentuado ¿Qué soluciones plantea el sector?
–La situación es muy crítica y apenas funcionan tres empresas de las más de treinta que existían antes de la crisis. Ha desaparecido el 95% de las de reciclaje y las que sobreviven lo hacen con una reducción del 80% de su actividad. La mayoría han tenido que cerrar porque llevaban 13 años para conseguir los permisos necesarios, pero de esas treinta y pico empresas que había, a día de hoy solo una o dos tienen la suerte de que su expediente esté bastante avanzado y solo eso. Ninguna ha obtenido los permisos para reciclar por culpa de las trabas burocráticas y administrativas en el Cabildo de Tenerife. La maraña legislativa es la mejor carta de presentación para la corrupción. Si hay maraña legislativa es porque hay interés en que exista. Es necesario simplificar procesos; dar agilidad a la administración y tener seguridad jurídica para acabar con el miedo de los funcionarios y la tiranía de algunos.
–¿La reforma de la Ley de Bases de la administración local acabará con las trabas administrativas?
–Es una necesidad imperiosa que se lleve a efecto, pero no me atrevo a decir si se plasmará como debe hacerse. Esa reforma tenía que haberse hecho nada más llegar el Gobierno a La Moncloa. Un Gobierno debe tomar medidas cuando tiene que tomarlas porque cuanto más tarde, más cuesta ponerlas en marcha y peor se hacen.
–La Fecam se ha opuesto a esa reforma por las especificidades de Canarias ¿Comparte o rechaza esa posición?
–La estructura que teníamos cuando éramos ricos no puede seguirse manteniendo porque ahora somos menos ricos, pobres o muy pobres. Europa ya se lo ha dicho a España hace tiempo. A lo mejor no hay que llevar a término la reforma en todos los ayuntamientos por igual, no lo sé. Donde habría que reducir es en los Parlamentos y erradicar la enorme cantidad de asesores que trabajan para las administraciones, algunos de ellos con excelentes sueldos y sin aparecer por las instituciones para las que fueron nombrados en meses o años. También habría que regular la cantidad de funcionarios interinos que hay en las administraciones y a los que se ha colocado por diferentes motivos. Es aquí donde está la verdadera sangría que se hace con cargo a los presupuestos.
–Canarias depende del turismo, que a su vez genera una importante bolsa de empleo. Este sector contribuye con el 29,6% del PIB canario ¿Cree que es hora de apostar por su modernización y por otros sectores que contribuyan a fortalecer el tejido empresarial e industrial en las Islas?
–Canarias no puede perder el tren del turismo bajo ningún concepto. Es de lo poco que queda para que las Islas sigan funcionando. Sin embargo, creo que la moratoria turística no ha beneficiado al turismo, aunque algunos hoteleros opinen o crean que sí. Canarias necesita inmediatamente reformas de calado en las infraestructuras de servicios y de establecimientos hoteleros que se han quedado obsoletos. No podemos quedarnos de brazos cruzados si queremos seguir contando con un turismo de calidad y cierto poder adquisitivo. Canarias como marca no se puede perder, tenemos que seguir trabajando para mantenernos a la cabeza como destino. Creo que la moratoria ha sido un error que debiera resolverse lo antes posible. Pero lo que tampoco puede ocurrir es que hoteles de cinco estrellas dejen de prestar servicios cuando los clientes pagan por ellos y he sido testigo de esto. Hay que mantener la calidad y la categoría, aunque la crisis les haya afectado y hayan tenido que reorganizar su estructura. El turista que viene a gastarse su dinero mira muy bien en qué se lo gasta y qué es lo que recibe.
–La reforma laboral se planteó como la panacea para favorecer la contratación, sin embargo no parece que haya tenido efecto. ¿Una reforma de la fiscalidad no habría sido más positiva a la hora de crear empleo y mantener vivas a empresas que han tenido que cerrar?
–Creo que las dos cosas son necesarias. La reforma laboral era necesaria, porque si se quiere competir dentro de la Unión Europea, en unas condiciones de trabajo determinadas, España no puede tener el doble de desventajas que tienen los países de nuestro entorno. Con todo lo que se ha hecho, creo que no estamos aún al nivel de Europa. Si estamos en un mercado común europeo, todos los países deberían tener la misma legislación laboral. España necesita todavía avanzar más en la reforma laboral.
–¿Y sobre la fiscalidad?
–La mayoría de las empresas han hecho bien sus deberes. Ha llegado una crisis y cualquier empresa o cualquier gobierno tiene que prepararse para afrontar esa crisis. La mayoría de las empresas se han preparado para afrontarla, pero algunas no han podido sobrevivir. El problema es que el Gobierno ha tenido que aumentar la fiscalidad porque hay menos cotizantes y eso ha sido un tremendo error. El bloque de financiación canario que comprende la recaudación del IGIC, AIEM y la matriculación se ha incrementado en un 40,53% en los últimos tres años. Es una voracidad recaudatoria tan brutal que supone un freno económico sin precedentes. El Gobierno regional está matando a la gallina de los huevos de oro. Lo que tendría que hacer el Gobierno central, además, que no lo ha hecho en siete años de crisis, es poner en marcha una profunda reforma de las administraciones, un adelgazamiento de la misma manera que se ha hecho en el sector privado para poder sobrevivir. Hasta que eso no se haga y se siga subiendo impuestos, cada día nos encontraremos con más empresas cerradas. Lo peor es que el ritmo de cierre de empresas se acelerará.
–Los expertos aseguran que jamás se volverá a la fiesta del crédito que había antes de la crisis y los empresarios instan a que la banca vuelva a abrir el grifo. ¿Cómo salimos de esta situación?
–El problema no es que la banca no dé créditos; el problema es que la banca no tiene ni para hacer frente a sus compromisos. Está haciendo cosas que no son propias de entidades financieras si lo que quieren es seguir siendo llamadas así. Tengo la sensación, o es lo que parecen transmitir algunos bancos, que están recaudando el dinero que prestaron en su momento y nada más; sin arriesgar a prestar de nuevo ante el temor de que no sea devuelto. Creo que la situación de la banca española es muy difícil en general, aunque puedo llegar a entender que el riesgo que deben asumir es mucho porque ¿qué banco da un crédito con garantías a una empresa canaria en la situación actual en la que estamos?
–¿La salida a los mercados exteriores es viable para las empresas canarias?
–Es una necesidad si se quiere sobrevivir. Pero ninguna empresa puede irse de la noche a la mañana a otro país y esperar triunfar fuera si los representantes políticos en los lugares de destino y desde aquí no hacen su trabajo como deben. Pongo el caso de Guinea Ecuatorial, la excolonia española en la que hoy por hoy las empresas francesas nos han ganado la partida. Nosotros no tenemos siquiera una sucursal bancaria y Francia tiene cuatro o cinco ya. Eso evidencia que ahora tienen más negocios e inversiones que los que consiguen las empresas españolas. Con todo, me parece más factible invertir o expandirse en Latinoamérica donde hay países que están creciendo a un muy buen ritmo como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Pero esta decisión se debe tomar cuando haya que tomarla.
–¿Qué podría suponer el desarrollo de las energías renovables para la economía de las Islas? y ¿Cómo califica la actuación de los poderes públicos en esta materia?
–Como he dicho hay demasiada maraña legislativa en éste y otros muchos temas. El primer concurso para la energía eólica salió en 2004 y en 2006 se anuló, por los motivos que fueran, aunque dudo que hubieran irregularidades para su anulación. El segundo concurso salió en 2007 y se adjudicó en 2008, pero hasta el día de hoy no se ha montado ni un solo aerogenerador. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Es un sector que podría emplear a 3.000 personas además de los beneficios de coste que supone no depender de una fuente de energía que es tres veces más cara que la eólica. En cualquier lugar donde se ha instalado esta industria, en otras comunidades autónomas o países de nuestro entorno, como Portugal, a los seis meses está aprobado todo el expediente ¿Cómo es posible que aquí se tarde más de cinco años y aún no se haya resuelto? Esto es inconcebible y creo que estoy en lo cierto cuando digo que esto es así porque hay alguien que se beneficia mientras la Comunidad de Canarias se retrasa a la hora de montar los parques de aerogeneradores; crear empleos, generar riqueza y beneficios para Canarias. No es posible que un negocio tan bueno en todos los sentidos para las Islas se esté retrasando como lo está haciendo éste. Es inconcebible que nadie en el Gobierno de Canarias tome una decisión inmediata para solucionar este asunto.
–¿Qué opinión tiene sobre lo que ha ocurrido con Emmasa en Santa Cruz de Tenerife y la decisión adoptada en el Pleno del pasado 26 de julio?
–El Ayuntamiento de Santa Cruz tuvo un mal día cuando eligió a Sacyr para que se hiciera cargo de la gestión de Emmasa. Tenía otras opciones mucho mejores. Ya se están averiguando algunas cosas y espero que llegue el día en el que se sepa todo. Nada me va a extrañar de lo que aparezca. El problema es que el pueblo de Santa Cruz lo ha pagado muy caro y lo seguirá pagando caro. Con respecto al Pleno, tengo que decir que hemos realizado una encuesta con unas 38.000 personas y el 90% de los encuestados quiere que el agua la gestione otra empresa. Creo que hay motivos suficientes para rescindir el contrato con Sacyr, pero para ello tiene que haber una mayoría política que lo entienda y que quiera defender los intereses de los santacruceros. Hay motivos justificados para revocar el contrato y que sea Sacyr quien le tenga que liquidar al Ayuntamiento de Santa Cruz.

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