Trasobares: ´Vigilaremos que la reforma laboral no lleve a abusos´

"No es sostenible un país con más de un 25% de paro sin que eso cree disturbios", comenta el Jefe de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

 03:08  
El jefe de la Inspección Provincial de Trabajo, durante la entrevista.
El jefe de la Inspección Provincial de Trabajo, durante la entrevista. carsten w. lauritsen

ANA MARTÍNEZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE
José Trasobares de Dios ha pasado su vida laboral entre la Inspección de Trabajo y diversas secretarías generales técnicas en el Gobierno de Canarias: Industria, Presidencia y Justicia y, por último, Sanidad. Acaba de ser nombrado Jefe de la Inspección de Trabajo de la provincia tinerfeña, una casa en la que ha pasado por todos los escalafones. Entre sus retos, vigilar que la reforma laboral cumpla los objetivos para los que se creó sin convertirse en una puerta abierta a todo tipo de abusos laborales.

–¿Cree que ponerse al frente de la Inspección de Trabajo en una época de crisis como esta es algo así como bailar con la más fea?

–Creo que esta no es una época grata para nadie. Pero también que si en algún momento tiene importancia el papel que debemos cumplir, es en este, cuando nuestra intervención para corregir situaciones de desequilibrio, de incumplimiento normativo que deriven en injusticias es, si cabe, más importante que nunca.

–¿Cuentan ustedes con medios humanos suficientes para atender a todas las demandas?

–En principio sí, aunque siempre serían bienvenidos más medios. Pero seamos realistas con la tesitura en la que nos encontramos. El Estado es tan sensible con la situación que los dos únicos cuerpos en los que, al parecer, se va a autorizar la oferta pública de empleo en años venideros son aquellos que combatan la economía sumergida y los fraudes a la Seguridad Social. Creo que Inspección de Hacienda e Inspección de Trabajo son instrumentos esenciales en estos momentos. Una de las vertientes de la economía sumergida es el empleo irregular, el trabajo sin dar de alta en la Seguridad Social, el cobro de prestaciones que son incompatibles con el trabajo por cuenta ajena o propia... El cobro de prestaciones de la Seguridad Social, por invalidez o jubilaciones también son incompatibles con este tipo de actividad y generan un disfrute indebido de prestaciones hoy escasas. Por otro lado, comportan un abaratamiento de los costes de las empresas. En el cobro irregular de prestaciones públicas, ambas partes, empresarios y trabajadores, son cómplices del ilícito administrativo.

–¿Han notado un aumento de estas situaciones?

–No solo es que se perciba, sino que se intuye. La percepción es real, pero la intuición apunta a una envergadura aún mayor. Es una de las cuestiones sobre las que es más necesario intervenir. Lo que ocurre es que la acción de la Inspección de Trabajo no debe verse como algo de lo que hay que esconderse. Está claro que las consecuencias para quienes cometen los abusos son onerosas, pero son en nombre de los principios de solidaridad, de responsabilidad. Incluso afectan directamente al interés del propio trabajador sumergido, pues llegará el momento en que éste precise disponer de periodos de cotización a la Seguridad Social que le permitan generar prestaciones por ejemplo de jubilación, cotizaciones que en situación irregular no se generan. En cuanto a las empresas, es obvio que daña su imagen. Denota una gran insolidaridad para con la sociedad y además, asume una responsabilidad de mucha envergadura ante cualquier situación de accidente trabajo de este personal que pueda tener lugar en sus instalaciones. Yo creo que lo que nos está pidiendo hoy la ciudadanía es que estemos alerta ante este tipo de situaciones.

–Hay quien niega que en España haya cinco millones y medio de parados porque, si fuera así, habría tiros por la calle. ¿Cree usted que hay algo de verdad en esto?

–Parece lógico pensar esto. El problema del empleo irregular no es verificable estadísticamente. Es intuible, previsible, pero no es verificable. Pero pienso que es una reflexión muy válida. No es sostenible que un país tenga más de un 25% de paro sin que eso produzca graves disturbios de cualquier índole. Además, es que cada vez que activamos cualquier actuación de este tipo en un sector determinado, en un sector sensible, los resultados son llamativos, con un porcentaje alto de empleo irregular.

–Últimamente se han emitido reportajes acerca de empresas que lo que hacen es poner a trabajar a la gente en sus casas o en los garajes. Por ejemplo, cosiendo para fábricas de tapicerías.

–Cada área geográfica tiene sectores singulares. En Canarias, un escenario especialmente abonado podría ser la hostelería, donde en algunas zonas hay síntomas de que se pueda estar dando un empleo irregular, y en la agricultura ocurre tres cuartos de lo mismo. Luego están los escenarios emergentes, como son los trabajos en domicilios, trabajos opacos ajenos a posibles intervenciones. Un domicilio es inviolable. No se puede entrar sin la autorización de su titular o, alternativamente, a través de un mandamiento judicial. Eso dificulta, cuando no impide, la intervención.

–¿Se está notando eso aquí?

–Cada vez tenemos más noticias de peluquerías, reparación de automóviles, pequeña ebanistería...

–Total, todos los que pueden.

–No, no todos los que pueden porque seguro que muchos de los que pueden tienen un concepto ético que les impide hacer esto.

–No me refería a todas las personas que pueden, sino a todos los sectores que pueden.

–Sí. Pero, por ejemplo, ahora que ha cambiado la legislación en materia de trabajo doméstico, es necesario tener asegurados a los empleados y las empleadas del hogar, y entrar a comprobar esto en un domicilio es imposible sin que medie una orden judicial o el consentimiento de su titular.

–Tampoco creo que les sea demasiado fácil entrar a hacer comprobaciones en una empresa.

–Sí, puesto que la Inspección de Trabajo está facultada para acceder a cualquier centro de trabajo. Por supuesto en un estado de derecho toda facultad tiene su anverso y su reverso. Por ello, cualquier sanción impuesta a un empresario exige una prueba indubitada de su comisión. Y las empresas son también sujetos protegidos del estado de derecho.

–A menudo se encontrarán en la tesitura de que eso deja desprotegidos a los sujetos más débiles.

–Sí. Así es. La solución de todo esto pasa por contar con instrumentos legales adecuados. Uno de estos instrumentos es la denominada presunción de veracidad de lo que comprueba personalmente el inspector. Si uno de nuestros inspectores visita una obra donde se constata que no hay barandillas, y ello se consigna en el acta levantada , ha de ser la empresa incumplidora la que tiene que probar que esa infracción no se produjo. Lo manifestado por el inspector goza de presunción de veracidad pero se garantizan los derechos del ciudadano o del empresario porque admite prueba en contrario. Son herramientas legales, no es una cuestión de actitud.

–¿Qué situaciones se están volviendo más comunes?

–Los alargamientos de jornada son muy frecuentes en estos días y muy complicados de probar. Pero sí se puede hacer. Hay sectores en los que se exige la existencia de un calendario laboral, como es la hostelería, donde debe estar actualizado semanalmente y expuesto en un lugar visible. A veces las empresas no registran los excesos de jornada, pero una investigación detallada acabará por sacarlos a la luz, a veces mediante los datos más insospechados. Por ejemplo, si una persona se encuentra fuera del horario que debería estar cumpliendo y la empresa no tiene medios humanos suficientes para cubrir su ausencia.

–Hace unos meses en un restaurante del Sur hubo un caso de cierre por esclavizar a sus empleados. Lo que no se conocieron fueron los detalles de la investigación.

–Hace poco, en una actuación inspectora un restaurante de la Isla, se tomó declaración a una serie de empleados. Todos y cada uno de ellos manifestaron que estaban realizando un determinado horario. Se pidió la documentación y se comprobó que los contratos estaban suscritos por una jornada muy inferior. Cotejando la documentación se demostró que, con los horarios de apertura y cierre del establecimiento y el número de días que estaba abierto, no era posible que lo que sostenía el empresario fuera cierto. Entonces se le invitó a cooperar. Y a veces los empresarios cooperan. ¿Por qué? Porque las consecuencias de no cooperar son bastante graves. La inspección prefiere que se corrija la situación de abuso o de desequilibrio a la mera sanción. No es que podamos dejar de sancionar, eso lo marca la ley, pero la cooperación sí atenúa la responsabilidad.

–¿Cree usted que la reforma laboral acentúa todavía más el desequilibrio o las relaciones de justicia entre las dos partes?

–Es complicado. No me permitiría yo hacer un juicio de esta naturaleza. Es una reforma seguramente necesaria, visto que los otros intentos no aportaron los resultados requeridos. Es una reforma de envergadura que dice perseguir el mantenimiento del empleo a través de una serie de medidas entre las que está la flexibilidad interna para evitar la flexibilización externa que se traduce en despidos. Es decir, vamos a cambiar nuestras condiciones porque si nos empecinamos en mantenerlas, no va a quedar más remedio que la rescisión contractual. Evidentemente, todo inspector de trabajo es un firme defensor de los derechos de los trabajadores, al partirse de un orden jurídico que desde un punto de vista de equilibrio, tiene puesto el acento hacia una de las partes. Así lo recoge el marco normativo bajo la máxima in dubio pro operario –que significa que en caso de duda se falle a favor del trabajador–. En la defensa de ese principio estamos involucrados todos los operadores jurídicos vinculados al derecho laboral desde las instancias públicas; desde esta inspección a los juzgados de lo social.

–¿Se les ha puesto más difícil su labor? ¿Se les retiran facultades?

–No es que tengamos más dificultades en nuestro trabajo, sino que desde la etapa preconstitucional hasta ahora, algunas de nuestras facultades se han trasladado a los órganos judiciales, porque en un estado de derecho encuentran mejor acomodo conceptual.

–Pero los jueces también han perdido margen de actuación con la reforma laboral.

–No, la jurisdicción social no ha perdido facultades. Es verdad que la reforma ofrece unos instrumentos que bien utilizados pueden ser positivos, pero hay un margen muy delicado si piensa utilizarlos en términos abusivos. Y es ahí donde la Inspección de Trabajo va a estar muy vigilante.

–¿ Y podrá?

–Aplicar el derecho es lo más bonito que puede hacer uno en la vida cuando ello comporta resolver situaciones de abuso, pero hay veces en que es frustrante porque sabes que tienes delante una injusticia y no puedes ponerle freno. Por eso digo que ahora hemos de estar especialmente vigilantes.

–¿Le preocupa que haya un parón o una marcha atrás?

–A mí me preocupan todas las regresiones. Son vacas flacas, tiempos de sacrificio y renuncia. Pero yo prefiero pensar que un empresario profesional y solvente no querrá prescindir de su capital humano. Pero es cierto que si de algo se acusaba a nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a las relaciones laborales era de ser excesivamente rígido. Así que esa flexibilidad que preconiza la norma es una opción que hay que examinar con cautela, prudencia y expectación. Es un momento de mucha cautela y mucho trabajo. He pedido un esfuerzo extra a los compañeros porque creo que no podemos quedarnos en los despachos cuando la gente está desesperada.

–¿Qué tipo de esfuerzo?

–Pues, por ejemplo, estamos saliendo por las noches, los fines de semana, fuera de las horas que se entienden como normales... Hay que actuar con mucho sentido común. Y la plantilla está respondiendo de tal manera que no puedo tener más que palabras de agradecimiento para ellos. El otro día pedimos voluntarios para una investigación nocturna un fin de semana y se ofrecieron 20. Estamos muy comprometidos con la desesperanza de la gente.

–Se ha comentado que en las gestorías y los despachos de los abogados laboralistas hubo muchas consultas las semanas inmediatamente posteriores a la reforma laboral por parte de empresarios, incluso sin pérdidas, para ver cómo podían aligerar sus plantillas por poco dinero. ¿Les ha llegado a ustedes esta percepción?

–No nos consta porque nuestra competencia está acotada por la norma y no tenemos facultades en materia de despidos. Cualquier despido irregular, ya sea objetivo, ya sea disciplinario o en Expediente de Regulación de Empleo, la ilicitud en la justificación de las causas comporta una declaración de improcedencia y genera el derecho de optar entre la indemnización o la readmisión. En el único despido en el que intervenimos es el sustanciado por medio de los expedientes de regulación de empleo a través de un informe que, afortunadamente, la reforma no ha suprimido, aunque haya eliminado la autorización administrativa.

–Con lo cual el informe, en realidad, queda un poco vacío, ¿no?

–No. Porque cualquier despido continúa siendo recurrible ante la jurisdicción social y nuestro informe sigue pesando mucho. Por lo tanto, en aquellas situaciones en las que un empresario trate de abusar en la dinámica de negociación de una posición de dominio frente a los trabajadores, si esas situaciones son detectadas durante nuestra intervención en el procedimiento, serán puestas de manifiesto para ser ventiladas por la jurisdicción social. La colaboración entre la inspección de trabajo y la jurisdicción social, además de ser muy fluida, es absolutamente conveniente. Cuántas veces un las responsabilidades derivadas de un accidente de trabajo se apoyan en una actuación inspectora diligente y sensata... La prevención de riesgos laborales es un ámbito que me compromete singularmente y en esta Inspección Provincial nos sentimos muy orgullosos de haber sido pioneros en muchos de sus aspectos. El sistema de guardias lo inventamos dos iluminados aquí. Puede sonar petulante, pero es verdad. Hartos de llegar tarde o de enterarnos los últimos del accidente de trabajo muy grave o mortal, nos fuimos a hablar con el juez decano hace ya 12 años y le preguntamos que si era posible que a la vez que se avisaba al forense, se nos avisase a nosotros a nuestros móviles particulares. Y así fue como empezamos a llegar en tiempo real y a avanzar en ese sentido. O en temas como la protección de la mujer, no ya tanto por su sexo, sino por su condición de portadora de vida. Situaciones que tradicionalmente se obviaban.

–¿Es otro asunto en el que se ha experimentado una regresión?

–No, no lo percibimos así. En cuanto a riesgos laborales nunca ha estado la mujer tan protegida.

–No me refiero a eso sino, por ejemplo, en conciliación familiar.

–Ese es aún un largo camino por recorrer, y en mi opinión quedan aún un par de generaciones para que esto se iguale. Todavía existe un nivel de compromiso muy grande de la mujer hacia la doble actividad, y un enorme relajo por parte de los varones. Pero vamos en una corriente ascendente, tanto social como jurídicamente. Y hoy los instrumentos legales permiten sancionar comportamientos empresariales que supongan discriminaciones por razón de género que, cada vez que son constatados, comportan onerosas consecuencias jurídicas para su autor. Lo que también es cierto es que hay que aplicarla con mesura, de acuerdo al discurrir de los tiempos. Hay veces en las que algunos están traspasando la raya y hay que invitarlos a que reconsideren su postura, y si persisten, se les sanciona. Pero lo general, la gente responde bien ante nuestros requerimientos de modificación de estas situaciones. Probablemente por razón del poder coercitivo de nuestra actuación. Existen dos técnicas para modificar la conducta de quienes viven en sociedad: el incentivo y la disuasión, que son absolutamente complementarias.

–¿Cree usted que es cierto que con la crisis se está volviendo a la figura del patrón en sustitución de la del directivo?

–El mal llamado empresario coactivo, déspota, arbitrario... es un perfil que no responde a la realidad de nuestro tejido empresarial. También es verdad que ante nosotros siempre muestran su mejor semblante. Ese tipo de comportamientos solo se da en ambientes de mucha incultura o de falta de compromiso social. Diferente es el líder autoritario o despótico que se encuentra en los escalones intermedios de los puestos de dirección. Para nosotros, está claro que la dignidad del trabajador, es un derecho inalienable proclamado en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, felizmente sin reformar, espero que por muchos años, y la propia Constitución. Por tanto, todo trato atentatorio contra la dignidad del trabajador, ya sea por parte del empresario o de sus propios compañeros, merece reacciones jurídicas contundentes.

–¿Y cómo se hace eso?

–Mediante delicados y minuciosos procedimientos de investigación que tenemos protocolizados. Tanto el mobbing como los comportamientos despóticos que se desarrollan en el centro de trabajo pueden comportar graves consecuencias tanto para la empresa que los tolera, si es uno de sus directivos, como para el propio empresario si es él mismo quien los ejerce. Llamar empresarios a este tipo de personas es ofender a todos aquellos que están luchando por trabajar y sacar adelante sus negocios.

–Otro comentario que se repite mucho últimamente es el que hace referencia a la poca validez de los sindicatos.

–Yo no me quiero imaginar un escenario sin la participación de los sindicatos y los representantes de los trabajadores. Son pieza clave en un modelo de estado social y su papel resulta esencial en la articulación de una sociedad más justa. Cierto es que en los últimos tiempos, como en el caso en otras instancias de nuestro estado, su papel es cuestionado desde algunas posiciones. Pero creo firmemente en la licitud de sus postulados y en la capacidad de compromiso de sus integrantes. Respecto de aquellos casos en que algunos buscan en la afiliación una especie de blindaje frente al empresario o la obtención de otro género de réditos de carácter personal, considero que son excepcionales y para nada representativos y que, desde luego, no pueden comprometer el prestigio de la institución.

–¿Cree usted que hay algo de cierto en eso de que esta reforma puede ser que esté bien para gente seria, como los alemanes, pero no para el país donde se inventó la picaresca?

–Es cierto que deposita demasiadas herramientas en el ámbito empresarial que pueden ser beneficiosas para el mantenimiento del empleo si fueran ponderada y equilibradamente utilizadas. Pero también es cierto que puede ser distorsionada su finalidad si fuera ejercida con intenciones aviesas o utilitaristas en perjuicio de los trabajadores. En este último caso, los abusos que pudieran cometerse van a contar sin duda con la comprometida intervención que impida su desnaturalización, tanto por nuestra parte como, estoy seguro de ello, por parte del resto de los agentes sociales. La norma puede ser buena en algunos aspectos pero hay una sensación de desconfianza generalizada respecto al uso que puedan hacer de ella determinados empresarios. Prefiero mantener respecto de ella un talante positivo y juzgarla por sus resultados, pues lo que a veces es denominado simplemente regresión en los derechos no es sino evolución de los mismos, que son reconfigurados para adaptarlos a las circunstancias imperantes en cada momento.

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